Por Carlos Graziolo
Raúl Woites es el director y referente del CEDIME (Centro de Día para Irregulares Motores y Encefalopatías), una institución dedicada a la atención de personas con discapacidad severa.
Hoy en ‘Temprano para todo’ (Supernova 97.9) y como uno de los voceros de los prestadores que vienen denunciando una emergencia en discapacidad, contó pormenores de la situación que el miércoles 18 de marzo derivó en una movilización en reclamo por el cumplimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad y se registró la represión de la Policía Federal Argentina frente a la Casa Rosada.
Ayer el Gobierno Nacional volvió a desplegar toda su crueldad en una marcha por los derechos de personas con discapacidad. Fue en Plaza de Mayo donde los manifestantes intentaron instalar un gazebo para protestar contra los recortes presupuestarios en el área, pero la policía lo impidió.
Las cámaras de televisión registraron el momento exacto en el que se inició la represión. Todo había comenzado como una protesta pacífica convocada por Instituciones, prestadores, Agrupaciones, transportistas, familiares y el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, para denunciar la falta de pagos en las prestaciones de PAMI e Incluir Salud. Cuando los manifestantes quisieron instalar el gazebo, un grupo de efectivos policiales les arrebató las cosas en medio de empujones y armó un cordón para impedir el paso. Allí se encontraban terapeutas, personas con discapacidad y familiares que protestaban de forma pacífica. “Siempre nos agreden. Nosotros venimos tranquilos a ver si el presidente nos escucha, pero nos manda a la policía “, lamentó un participante. “Nos tratan como perros”, añadió otro entre lágrimas. Woites es el que en las imágenes aparece con el sombrero blanco (luego con gorra negra) y recibío el maltrato de las fuerzas enviadas a controlar con excesivo celo una protesta pacífica empujándolo sobre su hija que estaba en silla de ruedas.
La manifestación de ayer se enmarca en un plan de lucha que contemplaba un cese de actividades de 48 horas. Según se informó, prestadores de todo el país suspendieron sus funciones para reclamar por las deudas. “Sin pagos no hay prestaciones”, consignaron. Esto afecta a escuelas, Centros de día, Centros Educativos Terapéuticos y transportistas.
A todo esto, el Gobierno Nacional de Javier Milei guarda silencio. Desde el foro consideran que “lo que no pudo hacer con la ley (de discapacidad) lo hace con las prestaciones atrasando los pagos” en referencia a la norma que se negaban a implementar hasta que la Justicia los obligó. Dato importante, estiman que el Ministerio de Salud le devolvió al Tesoro unos 30 mil millones de pesos que deberían haber ido a los programas de discapacidad. Woites aclara que el gobierno provincial de Kicillof también es objeto de los mismos reclamos.
En el contexto actual de marzo de 2026, Woites ha tomado un rol público relevante como vocero de los prestadores que denuncian una situación de emergencia en discapacidad. Y como representante del sector, participa activamente en medios de comunicación para visibilizar el impacto de las políticas gubernamentales en las instituciones de salud y rehabilitación.
Y hoy, en Supernova, volvió a denunciar que el congelamiento de aumentos arancelarios y la reducción de aportes estatales ponen en riesgo la continuidad de servicios esenciales como el transporte y la alimentación de los concurrentes. El incumplimiento de pagos, el ensañamiento estatal y el cierre de instituciones, más las paulatinas reducciones de servicios y atenciones, fueron parte de su descripción pormenorizada.
