La fiscalía pide la destitución de la jueza Julieta Makintach tras el escándalo del documental sobre Maradona, mientras ella defiende su inocencia en medio de acusaciones de abuso de poder y manipulación. El futuro de la magistrada pende de un hilo.
Durante la audiencia de alegatos que se lleva a cabo en el Anexo del Senado bonaerense, la fiscalía solicitó este jueves la destitución de la jueza Julieta Makintach, acusada de haber participado activamente en un polémico documental que, según los fiscales, contribuyó a la nulidad del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona. A lo largo de esta audiencia, la fiscal Ana Duarte no solo acusó a la magistrada de mal desempeño, sino también de “mentir, presionar y abusar de su poder”.
El juicio político que involucra a Makintach está relacionado con su intervención en un proyecto audiovisual que fue filmado en su despacho judicial, lo que generó una gran controversia. La fiscal Duarte aseguró que en el proceso de investigación quedó claro que Makintach «utilizó recursos del Estado» para llevar adelante un proyecto personal que perjudicó la integridad del sistema judicial.
Por su parte, la jueza Julieta Makintach se defendió con firmeza durante su intervención, desmentido que haya actuado de manera ilícita o manipuladora. En un intento por descalificar las acusaciones, Makintach negó ser una “actriz” como algunos medios sugirieron, afirmando tajantemente: “El escándalo es que me acusen de gesticular, actuar, soy esa que vieron ahí, yo no actuó”.
En un tono desafiante, la magistrada destacó que su participación en el documental no fue ni pactada ni remunerada, sino que se trató de una solicitud personal de una amiga, con el único propósito de evaluar un posible proyecto cinematográfico que requeriría de su autorización como jueza. La acusada insistió en que no hubo ningún tipo de contrato ni pago, y rechazó las acusaciones de que su comportamiento en el documental haya sido inapropiado o manipulado.
El Colegio de Abogados de San Isidro, un actor clave en este juicio, también se sumó a la solicitud de destitución de la jueza Makintach. A través de su abogado, Rodolfo Baqué, se demandó no solo su remoción inmediata del cargo, sino también su inhabilitación perpetua para ejercer cualquier función en el Poder Judicial. Baqué, quien además representa a Dahiana Gisela Madrid, la enfermera acusada en el caso Maradona, calificó como “pobres” los alegatos de la defensa de Makintach, y argumentó que la jueza reconoció haber participado en la filmación del documental, sin ofrecer justificaciones que pudieran exonerarla de responsabilidad.
Este caso se enmarca en la polémica que rodea a la muerte de Diego Maradona, cuya causa judicial sigue siendo objeto de controversia. El documental, en el que Makintach tuvo participación, fue uno de los factores determinantes para la nulidad del juicio que investigaba las circunstancias de la muerte del ídolo argentino. Con la participación de las hijas de Maradona, Dalma y Giannina, como testigos clave en el proceso, la atención sobre este juicio se ha intensificado. Las acusaciones contra Makintach están lejos de ser menores, ya que implican no solo un posible abuso de poder, sino también una grave falta de ética judicial.
La jueza se defendió argumentando que lo sucedido con el documental fue un “malentendido” y que la suspensión de cinco meses que recibió por la filmación en su despacho fue una “sanción suficiente”. Sin embargo, la fiscalía y los representantes legales de la parte acusadora sostienen que el daño ya está hecho, y que las acciones de Makintach no deben quedar impunes. El desenlace de este juicio político no solo afectará a la jueza Julieta Makintach, sino que también arrojará luz sobre la independencia y la integridad del sistema judicial en la provincia de Buenos Aires. En un contexto de creciente desconfianza pública hacia las instituciones, la resolución de este caso podría marcar un precedente sobre cómo el Poder Judicial maneja las acusaciones contra sus propios miembros.
