Naturaleza de Derechos prepara una acción judicial colectiva que empezará en Chivilcoy para proteger los pozos de agua y las áreas complementarias de los pueblos. Sostiene que los agrotóxicos y los fertilizantes suman arsénico a un problema que siempre se atribuyó solo a la geología.
Por Redacción Extra Digital
En buena parte de la llanura bonaerense se sabe que el agua de consumo tiene arsénico. Naturaleza de Derechos propone mirar ese problema de otra manera. Según su referente, el abogado Fernando Cabaleiro, al arsénico de origen geológico se suma el de una agricultura industrial que aplica grandes volúmenes de agrotóxicos y fertilizantes sintéticos. Muchas de esas aplicaciones se hacen dentro de los propios centros poblados o al lado de las perforaciones que abastecen las redes públicas.
El diagnóstico surge de la Ambular Ambiental 2026, un recorrido de la organización por distintas localidades de la provincia. En esa recorrida encontró extensas superficies fumigadas en territorios que los códigos urbanísticos reconocen como áreas complementarias de los centros de población. Allí viven familias, funcionan escuelas y hay viviendas que se abastecen de perforaciones particulares. También detectó pozos de redes públicas rodeados de campos que reciben aplicaciones de forma periódica.
Lo que dice la ciencia
La llanura chaco-pampeana es una de las regiones del mundo con más arsénico natural en sus aguas subterráneas. Cuánto arsénico hay en el agua depende del pH, de las condiciones de oxidación y reducción y de la composición del suelo y del agua. Lo que se hace en la superficie puede alterar esos procesos. Para Naturaleza de Derechos, la actividad agroindustrial interviene de dos maneras. Por un lado agrega arsénico a través de plaguicidas y fertilizantes. Por el otro cambia los mecanismos que mantienen retenido el arsénico que ya está en el suelo.
El primer apoyo es un trabajo de Nicolas Defarge, Joël Spiroux de Vendômois y Gilles-Éric Séralini, publicado en 2018 en Toxicology Reports. Los autores encontraron arsénico y otros metales en formulaciones comerciales de plaguicidas, entre ellas herbicidas a base de glifosato. El elemento también aparece en los fertilizantes fosfatados elaborados a partir de rocas fosfóricas. En Brasil, un estudio de 2017 estimó que por esa vía llegan a los suelos agrícolas unas 88,5 toneladas anuales de arsénico.
La escala argentina hace que el dato pese más. Según las entidades del sector, en 2025 se consumieron 5,1 millones de toneladas defertilizantes, de las cuales alrededor de 1,88 millones fueron productos fosfatados. A eso se suma otro mecanismo. En el suelo, el fosfato compite con el arsenato por los mismos sitios de adsorción de ciertos minerales. Así puede liberar arsénico que estaba retenido, como mostraron experimentos de Bolan y colaboradores en 2013 y de Gamble y colaboradores en 2018.
Están también los efectos combinados. En 2019, un equipo encabezado por Rafael Lajmanovich (UNL-CONICET) documentó efectos sinérgicos entre una formulación de glifosato y arsénico en anfibios. Hubo alteraciones endocrinas, estrés oxidativo y daño genético. Trabajos argentinos publicados en 2026 confirmaron que las respuestas a esas mezclas varían según la concentración, el organismo y el efecto evaluado.
El dato sanitario agrava el cuadro. La Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer clasifica al arsénico inorgánico como carcinógeno humano del Grupo 1. El glifosato y la atrazina figuran como probablemente carcinogénicos (Grupo 2A); la atrazina entró en esa categoría en noviembre de 2025. La organización admite que para saber cuánto aporta la agricultura a cada acuífero hacen falta estudios locales. Por eso la presentación incluye una amplia recopilación científica que será sometida a una pericia interdisciplinaria.
La acción judicial
La estrategia invoca la Opinión Consultiva 32/2025 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esa opinión fija el mejor estado de la ciencia como estándar jurídico obligatorio en materia ambiental. El fundamento urbanístico es el Decreto Ley 8.912/77. Su artículo 5 define que el centro de población incluye el área urbana y también el área complementaria, formada por los sectores adyacentes que tienen una relación funcional con la ciudad. La ley asigna a esas áreas funciones de protección, transición y amortiguación. Sin embargo, las ordenanzas sobre fumigaciones suelen limitar las restricciones al casco urbano consolidado.
El pedido es prohibir el uso agrícola de agrotóxicos y fertilizantes sintéticos en toda el área complementaria. La protección se extendería 1.095 metros más hacia la zona rural, medidos desde el límite externo del centro de población. La distancia se apoya en los estudios sobre exposición a plaguicidas y daño genético del equipo de Delia Aiassa, de la Universidad Nacional de Río Cuarto. También se apoya en fallos que fijaron resguardos cercanos a los mil metros.
El antecedente más directo es la causa penal ambiental “Cortese”, de Pergamino, donde se dispuso una exclusión de 1.095 metros para las aplicaciones terrestres. Después de la medida, los monitoreos registraron menos moléculas de plaguicidas en el agua, y la pericia vinculó esa baja con la cautelar. La pericia señaló además que alejar las aplicaciones de las zonas de bombeo reduce el riesgo de que los plaguicidas lleguen a las napas. La propia organización aclara que se trata de una medida paliativa urgente y que no resuelve el problema de fondo.
La demanda será colectiva y preventiva. Apuntará a lo que los municipios dejan de hacer en ordenamiento territorial, regulación ambiental y fiscalización. Incluirá un pedido de cautelares para frenar las aplicaciones mientras dure el juicio. Como prueba sumará cartografía, recetas agronómicas oficiales, análisis de agua, datos sobre captaciones públicas y privadas, antecedentes judiciales y la evaluación científica. En cada localidad, la acción tendrá que ajustarse a su ordenamiento territorial y a su hidrogeología.
Chivilcoy, el primer caso
Chivilcoy reúne todos los elementos del problema. Tiene arsénico persistente en el agua y depende por completo del agua subterránea. Además, sus áreas complementarias están cultivadas y hay campos que son fumigados junto a viviendas y pozos. La ciudad cuenta con un antecedente judicial clave, la causa “Caselles c/ Aguas Bonaerenses S.A.”. Allí la Suprema Corte bonaerense confirmó la condena a ABSA y a la Provincia, que deben garantizar agua con no más de 10 microgramos de arsénico por litro, con una planta de ósmosis inversa y controles periódicos.
Las mediciones muestran que ese límite sigue sin cumplirse. En 2023, la Universidad Nacional de Luján midió entre 48 y 72 microgramos por litro en diecisiete puntos de la ciudad. En 2025, el ITBA registró entre 37 y 96 microgramos en ocho puntos. Todas las muestras superaron el límite. ABSA, por su parte, documentó diez perforaciones nuevas en sectores alejados del casco urbano para conseguir agua de mejor calidad. Esos sectores periféricos son justamente los que se fumigan.
El Código de Zonificación local (Ordenanza 10.404/2023, convalidada por la Provincia en 2024) divide el área complementaria en dos zonas. La C1 es de protección y la C2 de transición y amortiguación, y las dos admiten uso residencial. En ambas, el relevamiento encontró soja, maíz y trigo fumigados junto a casas, escuelas y perforaciones.
Los registros provinciales de recetas agronómicas aportaron otro dato. Para esas parcelas figuran 55 recetas con 66 tratamientos entre junio de 2019 y agosto de 2026. En todo el partido hay unas 2.200 recetas en diez años, un promedio de 220 por año. Es un número bajo si se tiene en cuenta que el Censo Nacional Agropecuario 2018 contó cerca de 1.900 parcelas y que cada cultivo requiere varias aplicaciones por campaña. Para Naturaleza de Derechos, esa desproporción indica fumigaciones que no pasan por el registro obligatorio y fallas en el control estatal.
El agua se cuida desde el origen
La acción se funda en los artículos 41 y 43 de la Constitución Nacional, el 28 de la Constitución bonaerense, la Ley General del Ambiente 25.675 y la Ley provincial 11.723. Invoca también los principios de prevención, precaución y progresividad, y se apoya en tres fallos. El primero es “Establecimientos Agropecuarios Santa Susana”, de septiembre de 2023, vinculado a la lucha de la asamblea Pioneros por el Agua de Campana. En ese caso la Suprema Corte provincial reafirmó la vigencia del principio precautorio frente a fumigaciones cercanas a zonas pobladas. El segundo es “Carlos E. Iturriaga e Hijos S.A. c/ Municipalidad de Chascomús”, de marzo de 2026, donde la misma Corte reconoció que los municipios pueden regular su territorio por razones urbanoambientales. El tercero es “Habitantes de La Oroya vs. Perú”, del 27 de noviembre de 2023. Allí la Corte Interamericana ligó el derecho al agua a la obligación estatal de monitorear, identificar las causas de contaminación y actuar según la mejor ciencia disponible.
La organización sostiene que las plantas potabilizadoras y los controles no alcanzan si no se reduce la contaminación que llega a los acuíferos. Esto pesa más en poblaciones que ya superan los límites sanitarios de arsénico. Naturaleza de Derechos busca que Chivilcoy sea el punto de partida de una herramienta replicable en otros municipios bonaerenses. Su objetivo es que las áreas complementarias y sus franjas de resguardo queden libres de agrotóxicos y fertilizantes sintéticos.
