Los últimos datos publicados por el Banco Central de la República Argentina han revelado una grieta profunda en la economía doméstica del país. Según el Informe de Bancos correspondiente al mes de noviembre, la morosidad de las familias argentinas ha escalado hasta el 8,8%, una cifra que marca un nuevo máximo histórico desde el año 2010. Este indicador refleja la creciente dificultad de los hogares para cumplir con sus compromisos financieros en un escenario de persistente tensión inflacionaria.
El deterioro en la capacidad de pago no ha sido un evento repentino, sino un proceso que se ha acelerado en el último tramo del año. El salto es especialmente notable cuando se compara con el mismo mes del año anterior, evidenciando que el margen de maniobra de los consumidores se ha reducido drásticamente. En el centro del problema se encuentra la brecha entre los ingresos y el costo de vida; mientras que los salarios registraron un incremento promedio del 1,8% en noviembre, la inflación en el mismo periodo fue del 2,5%, erosionando el poder adquisitivo necesario para saldar deudas bancarias.
Un análisis pormenorizado del sistema financiero muestra que esta presión no afecta a todos por igual. El comportamiento de los préstamos comerciales, vinculados a empresas, ha mostrado una mayor estabilidad e incluso una ligera mejora en sus niveles de cumplimiento. Sin embargo, el crédito destinado al consumo —como las tarjetas de crédito y los préstamos personales— es el que está sufriendo el mayor impacto, lo que sugiere que las familias están priorizando el gasto básico frente a sus obligaciones con las entidades financieras.
A nivel geográfico, la crisis de deuda presenta matices significativos a lo largo del territorio argentino. Mientras que en algunas provincias del centro y sur del país la morosidad se mantiene en niveles manejables, en varias jurisdicciones del norte los índices de irregularidad han llegado a duplicar la media nacional. Esta disparidad regional subraya cómo las economías locales, con menor acceso a empleo formal o mayor dependencia de la asistencia estatal, son las más vulnerables ante el endurecimiento de las condiciones crediticias.
Pese a la contundencia de las cifras, el sistema bancario mantiene una posición de resiliencia técnica. Las entidades financieras han incrementado sus niveles de previsiones para protegerse ante posibles impagos y conservan ratios de liquidez elevados. No obstante, para el ciudadano de a pie, el dato del 8,8% representa algo más que una estadística: es el reflejo de un agotamiento financiero que amenaza con frenar el consumo interno y prolongar la sensación de fragilidad en la economía real argentina.
