La búsqueda de respaldo externo por parte del Gobierno nacional repite una fórmula ya conocida: endeudamiento, ajuste fiscal y alineamiento estratégico. Esta vez, la expectativa está puesta en la posible asistencia de la administración de Donald Trump, con quien el presidente Javier Milei mantiene una relación ideológica cercana. Aunque aún no hay precisiones concretas sobre montos ni mecanismos, el anuncio logró contener momentáneamente la tensión cambiaria de cara a las elecciones de octubre.
Sin embargo, detrás de los gestos diplomáticos y los anuncios de ayuda, emergen señales que sugieren que el respaldo financiero podría estar vinculado a intereses más amplios. El ministro de Economía, Luis Caputo, reconoció recientemente que “para Estados Unidos, ayudarnos es una decisión geopolítica; nosotros daremos inversiones en la economía real”.
La frase no pasó desapercibida. Sobre todo, considerando que en agosto de 2024, la Cancillería argentina firmó con EE.UU. un Memorándum de Cooperación para la Gobernanza, la Inversión y la Seguridad de las Cadenas de Suministro a Nivel Mundial, con foco explícito en minerales críticos. El acuerdo fue presentado como parte de una estrategia de “cooperación productiva”, pero diversos analistas advierten que podría implicar una creciente dependencia en áreas estratégicas como el litio, el cobre y el gas natural.
La geopolítica de los recursos naturales juega un rol central. De acuerdo con un informe de Oxfam, el 70% de las reservas globales de minerales clave para la transición energética —como litio, cobalto, níquel y cobre— se encuentran en países del Sur Global. Sin embargo, el 79% de las inversiones en energías renovables se concentran en el hemisferio norte y China. América Latina, por ejemplo, posee más del 50% de las reservas de litio del mundo, pero apenas capta el 10% del valor generado.
Este patrón de concentración se extiende también al plano financiero. Según Oxfam, la arquitectura económica internacional sigue moldeada por lógicas de extracción: los países del Sur enfrentan crecientes cargas de deuda, limitaciones al gasto público y dependencia de flujos externos de capital. Todo ello, en contextos donde el control soberano sobre los recursos naturales es cada vez más reducido.
En paralelo al anuncio de un posible “rescate” financiero por parte de EE.UU., el gobierno argentino adoptó una serie de medidas que fueron interpretadas como señales favorables hacia Washington: el restablecimiento de las retenciones al agro —medida que había sido eliminada días antes—, la reinstauración parcial del cepo cambiario y el llamado al Consejo de Mayo en busca de mayor consenso político interno.
La publicación en redes sociales del secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, alimentó las especulaciones: mencionó un posible paquete que incluiría un swap por USD 20.000 millones, préstamos del Fondo de Estabilización Cambiaria (ESF) y la compra de bonos soberanos. Aunque no se ha oficializado ningún acuerdo, las conversaciones apuntan a un esquema de asistencia con condicionalidades.
En este contexto, crece el debate sobre cuál será el verdadero costo del respaldo norteamericano: mientras el país busca estabilizar su economía, el capital político y los recursos estratégicos comienzan a ocupar un lugar cada vez más visible en la mesa de negociación
