El presidente Javier Milei ha logrado lo que era uno de sus objetivos más ambiciosos: conseguir la aprobación de su primer Presupuesto en la Casa Rosada. Tras varios meses de negociaciones y tensiones internas, el Senado sancionó finalmente el proyecto de ley, que se convertirá en la base del plan económico del gobierno para 2026. Sin embargo, este presupuesto no ha estado exento de controversia, especialmente por los recortes significativos en áreas como Educación, Ciencia y Defensa, lo que ha provocado el rechazo de sectores clave de la oposición.
El oficialismo consiguió cerrar los votos necesarios gracias a las maniobras políticas con sus aliados provinciales, pero no sin que quedaran marcas en el camino. El artículo 30, que propone la derogación del piso del 6% de inversión en educación, fue uno de los puntos más conflictivos. Además, la progresividad en la financiación de la ciencia y la ley de educación técnica también sufrieron recortes sustanciales. Estos cambios se produjeron en un contexto de fuerte presión por parte de los sectores más conservadores, que defienden el principio de ajuste fiscal por encima de las políticas de inversión social.
En la votación final del presupuesto, el oficialismo logró 46 votos a favor, mientras que hubo 25 en contra, con la abstención de la senadora Alejandra Vigo (Unidad Federal). A nivel de los capítulos, el Capítulo II, que incluía los artículos 12 y 30, fue aprobado con 42 votos a favor, 26 en contra y dos abstenciones de Vigo y Julieta Corrozzo (La Neuquinidad). La división dentro del Senado reflejó la polarización que generaron estos artículos clave.
La negociación con los gobernadores
El gobierno de Milei utilizó su influencia sobre los gobernadores para asegurarse los votos necesarios en el Senado. El ministro del Interior, Diego Santilli, junto con Patricia Bullrich y Martín Menem, fueron los encargados de negociar los apoyos. Los acuerdos incluyeron, entre otros, el pago de las cajas previsionales de provincias que no tienen sus fondos de jubilaciones en la ANSES, un reclamo planteado por Vigo en la comisión de Hacienda y Presupuesto. Esta estrategia permitió que legisladores de provincias como Neuquén, Salta y Tucumán se alinearan con el oficialismo.
Sin embargo, esta política de clientelismo fiscal ha generado malestar en la oposición, que acusó al oficialismo de manipular los recursos del Estado para asegurar su apoyo político. Desde el bloque Justicialista, varios senadores consideraron que la aprobación de este presupuesto no es más que un «ajuste a la medida de la necesidad fiscal del gobierno», a costa de los sectores más vulnerables, como la educación pública y la ciencia.
El impacto en las universidades y la ciencia
Uno de los puntos más controversiales fue la derogación del piso de inversión educativa. El artículo 30 establece que se suspende la obligación de destinar un porcentaje fijo a la educación y la ciencia, lo que genera preocupación entre los sectores que defienden estos derechos como pilares fundamentales del desarrollo social. La senadora Anabel Fernández Sagasti (Justicialista) calificó esta medida como «un ataque directo a la educación pública», acusando al gobierno de priorizar el ajuste fiscal por encima de las necesidades del sistema educativo. El artículo 12, que implica la interrupción de envíos de fondos a universidades que no informen adecuadamente sobre el uso de sus recursos, también fue un foco de debate. La medida fue vista como una forma de controlar a las universidades y de poner en duda la autonomía universitaria, un principio fundamental en la Argentina.
Voces de la oposición y del oficialismo
Desde la oposición, las críticas fueron duras. El jefe del bloque radical, Eduardo Vischi, reconoció la necesidad de aprobar el presupuesto, pero sostuvo que los recortes en áreas estratégicas como la educación y la ciencia son «una clara muestra de la falta de visión del gobierno». Maximiliano Abad, otro dirigente radical, expresó su preocupación por el impacto que tendrán estas medidas sobre la innovación y el desarrollo económico. Por otro lado, desde el oficialismo, Ezequiel Atauche (senador de LLA) defendió el presupuesto afirmando que este “cumple con la regla fiscal simple”, apuntando a un presupuesto con déficit cero. Según Atauche, el presupuesto es una «respuesta a años de desajustes», y destacó la necesidad de controlar los gastos del Estado para reducir el déficit.
El contexto económico del presupuesto 2026
El Presupuesto 2026 prevé un dólar de $1423, con una inflación del 10% y un crecimiento del 5%. Se espera que el superávit financiero sea de un 0,3% del PBI, lo que refleja la intención del gobierno de mantener las cuentas del Estado equilibradas, aunque a costa de realizar fuertes ajustes en áreas sociales clave. Los pronósticos del gobierno se basan en una optimista recuperación de la economía, pero muchos economistas advierten que las proyecciones macro son inconsistentes, con una caída del consumo y de la industria que podría poner en riesgo el crecimiento previsto.
Desde el bloque peronista, senadores como Juliana Di Tullio calificaron al presupuesto como «invotable» y «un ajuste fiscal cada vez más severo», argumentando que se trata de un presupuesto irreal que no considera las condiciones sociales y económicas actuales del país. Pablo Bensusán (PJ) agregó que las proyecciones macroeconómicas son inconsistentes, señalando que la caída del consumo y la falta de inversión pública limitarán el crecimiento.
Un presupuesto para el mercado, no para la sociedad
El Presupuesto 2026 aprobado en el Senado refleja las prioridades del gobierno de Javier Milei: ajuste fiscal, control del gasto público y priorización de la estabilidad macroeconómica. Sin embargo, a costa de recortes en sectores clave como educación, ciencia y defensa, este presupuesto también pone en evidencia la tensión entre las necesidades sociales y las presiones del mercado.
El gobierno ha logrado lo que se propuso: un presupuesto que cumple con los compromisos internacionales y busca convencer a los mercados de que Argentina está tomando las riendas de su economía. Pero a nivel social, el impacto será profundo, especialmente para aquellos sectores que ven en la educación y la ciencia el motor del desarrollo a largo plazo. La polarización política y las tensiones internas seguirán siendo claves en los próximos meses, mientras el gobierno de Milei intenta consolidar su poder, enfrentando una oposición cada vez más fuerte y un panorama económico incierto.
