La llegada de Juan Bautista Mahiques al Ministerio de Justicia —con Santiago Viola como su segundo— abre una nueva etapa en la relación entre el Gobierno y el Poder Judicial. En la práctica, el Ejecutivo tiene en sus manos la posibilidad de impulsar una profunda renovación de tribunales: más del 35% de los cargos judiciales del país están vacantes, lo que equivale a más de 200 designaciones posibles.
Se trata de una oportunidad inédita para reconfigurar la estructura judicial. Las vacantes abarcan juzgados federales de todo el país, posiciones clave en Comodoro Py, la Cámara Federal de Casación Penal —máxima instancia penal— y también cargos en la Corte Suprema, la Procuración General y el Ministerio Público de la Defensa.
El control de ese proceso quedó en manos de un actor con fuerte trayectoria en el mundo judicial y político. Mahiques no solo fue parte del entramado judicial durante el macrismo —una etapa marcada por denuncias de lawfare— sino que integró el Consejo de la Magistratura durante el gobierno de Mauricio Macri. Su desembarco en Justicia se produce además después de que el presidente Javier Milei afirmara en la Asamblea Legislativa que Cristina Kirchner permanecería presa durante muchos años por las causas en su contra.
Vacantes y Consejo de la Magistratura
Mahiques asumió formalmente el cargo esta semana y dejó en claro cuál será su prioridad:
“Hay que cubrir el 37% de las vacantes que existen en el Poder Judicial”, afirmó en entrevistas recientes.
En ese proceso tendrá un papel central Santiago Viola, quien —según fuentes oficiales— será el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura. Allí se definen los concursos y se elaboran las ternas de candidatos para ocupar los juzgados vacantes. El procedimiento es conocido pero decisivo: el Consejo arma las ternas, el Poder Ejecutivo elige a uno de los postulantes y el Senado debe aprobar el pliego con mayoría simple. En la práctica, eso significa que el Gobierno podría avanzar relativamente rápido en buena parte de las designaciones. Según uno de los últimos informes del Consejo de la Magistratura, 203 ternas ya están en manos del Ejecutivo, mientras que otras 157 vacantes tienen concursos en trámite.
La revisión de esos nombres estaba siendo coordinada por el exsecretario de Justicia Sebastián Amerio, cercano a Santiago Caputo, pero su salida del cargo reordenó el esquema interno del Gobierno. Para desactivar tensiones entre Caputo y Karina Milei, Amerio fue designado Procurador del Tesoro, mientras que su antecesor, Santiago Castro Videla, pasó a ocupar el cargo de subprocurador. Mahiques, por su parte, anticipó que revisará cada terna antes de avanzar con las designaciones. “Las ternas son un mérito. El proceso de nombramiento de un magistrado es complejo y participan los tres poderes del Estado”, explicó.
La reconversión de Comodoro Py
Uno de los focos principales de esta reconfiguración es Comodoro Py, el edificio donde se tramitan las causas federales más sensibles para la política. Actualmente hay cuatro juzgados vacantes en primera instancia: los que ocupaban Rodolfo Canicoba Corral, Luis Rodríguez, Claudio Bonadío y Sergio Torres. Los concursos de tres de esos tribunales siguen en trámite en el Consejo de la Magistratura.
Pero el número podría ampliarse. El juez Daniel Rafecas quedó primero en la terna para integrar la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional. Si el Gobierno decide designarlo, su juzgado en Comodoro Py quedaría vacante, sumando un nuevo despacho a cubrir. En ese tribunal se tramitan investigaciones sensibles para el oficialismo, entre ellas la causa que analiza la financiación del acto de Milei en el Movistar Arena. A ese escenario se suma la posibilidad de que el juez Julián Ercolini deje su cargo. En su juzgado se investigan expedientes emblemáticos, entre ellos el caso por la muerte del fiscal Alberto Nisman.Si esas vacantes se concretaran, la mitad de los juzgados de primera instancia de Comodoro Py quedarían libres.
La Cámara federal y Casación
La Cámara Federal porteña —tribunal que revisa las decisiones de los jueces de primera instancia— también podría atravesar cambios. Uno de sus integrantes, Martín Irurzun, cumple este año 75 años y solicitó una prórroga para continuar en funciones. Durante el macrismo, Irurzun fue el autor de la llamada doctrina del “poder residual”, utilizada para justificar detenciones preventivas de exfuncionarios kirchneristas.
En paralelo, sigue pendiente la regularización de las designaciones de Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, trasladados a la Cámara Federal durante el gobierno de Macri. La Corte Suprema permitió que continúen en sus cargos hasta que se designen jueces titulares, lo que mantiene abierto el concurso correspondiente.En la Cámara Federal de Casación Penal, en tanto, hay cuatro vacantes sobre trece cargos.A ese panorama se suma una situación particular: Carlos “Coco” Mahiques, padre del actual ministro, cumple 75 años en noviembre. El Gobierno ya pidió al Senado extender su permanencia en el cargo por cinco años más.
La renovación de la cúpula judicial
Más allá de Comodoro Py, Mahiques también podría influir en la renovación de toda la cúpula del Poder Judicial. Actualmente existen dos vacantes en la Corte Suprema, que funciona con solo tres integrantes. Además, el cargo de Procurador General de la Nación sigue vacante —lo ocupa interinamente Eduardo Casal— y el Gobierno decidió no extender el mandato de la defensora general Stella Maris Martínez, que cumplió 75 años en febrero.La designación de esos cargos requiere el apoyo de dos tercios del Senado, un escenario mucho más complejo que el de los juzgados inferiores.
Por eso, al menos en esta primera etapa, Mahiques busca bajar el tono del debate sobre la Corte. En una entrevista reciente afirmó que hoy la prioridad es cubrir los cargos vacantes en tribunales inferiores.“La Corte está funcionando y dando respuestas. Hay que completarla, pero hoy la prioridad es otra”, sostuvo. La estrategia parece clara: avanzar primero en la base del sistema judicial para luego negociar la cúpula.
