Las declaraciones juradas revelan que Luis “Toto” Caputo mantiene el 99,9 % de sus fondos líquidos fuera del país, en cuentas y fondos internacionales. Es uno de los funcionarios más acaudalados del gabinete, junto a Gerardo Werthein y Mariano Cúneo Libarona, cuyos patrimonios se triplicaron recientemente. Un mapa patrimonial que no condice con el rigor fiscal que pregonan.
El caso Caputo
Según su última declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción, el ministro de Economía posee aproximadamente 5.900 millones de pesos líquidos en el exterior —equivalentes a unos USD 4,5 millones—, mientras que en el país declaró apenas $87.273 en efectivo y $2,9 millones en depósitos, menos de la mitad de su salario como funcionario. Caputo triplicó su patrimonio en dólares desde que asumió y reportó un incremento del 137 % en 2024. Posee propiedades en Buenos Aires, Neuquén y Santiago del Estero, y tiene yate, gomón, cuatriciclo y una flotilla de vehículos de alta gama.
Además, controla fondos internacionales como Ancora Investments, cuya participación se multiplicó casi por 20, sin detallar sus inversiones. También es accionista en varias empresas: Anker, Palmeral Chico y Sacha Rupaska.
¿Cómo se compara con otros ministros?
Un análisis de Chequeado muestra que el gabinete de Milei concentra gran parte del patrimonio en pocos funcionarios:
· Gerardo Werthein, canciller, lidera el ranking con un patrimonio declarado de $83 mil millones, entre propiedades en Argentina, Uruguay y España, autos de lujo y más de $5.200 millones en cuentas y fondos.
· Mariano Cúneo Libarona, ministro de Justicia, declaró un patrimonio de $12.241 millones, con inversiones en Suiza, Miami y Uruguay que superan los USD 14 millones.
· Más abajo en el ranking figuran Federico Sturzenegger y Guillermo Francos, con patrimonios propios valorizados en miles de millones fuera del país.
¿Qué revelan las declaraciones juradas?
Las DDJJ son documentos legales que deberían garantizar transparencia y control. Sin embargo, varias investigaciones advierten que:
· Los bienes se declaran a valor fiscal, no de mercado real, lo que minimiza su valor real estimado.
· La actual normativa excluye información pública sobre bienes de familiares y empleos anteriores, elementos esenciales para evaluar conflictos de interés.
· Estas limitaciones cuestan claridad: los documentos oficiales pueden dejar fuera información crucial de los patrimonios reales de los funcionarios.
Contrastes Visibles entre el Discurso y la Billetera
En medio de un ajuste estructural y con el FMI como irresponsable financiero, algunos de los funcionarios más influyentes del gobierno acumulan y resguardan su riqueza en el exterior. En contraste, la mayoría de los ciudadanos sufre inflación, recesión y pérdida de poder adquisitivo.
Las declaraciones juradas son una herramienta clave de control público. Pero cuando los valores reales se ocultan detrás de valuaciones fiscales y los activos líquidos se encuentran fuera del país, queda expuesta una contradicción: el mensaje de austeridad que predican no se refleja en su economía personal.
