Un juzgado federal en Argentina ha emitido una advertencia decisiva al Poder Ejecutivo nacional, exigiendo la implementación inmediata de la Ley de Emergencia en Discapacidad bajo la amenaza de imponer multas personales a altos funcionarios del gobierno de Javier Milei.
El magistrado Adrián González Charvay, titular del Juzgado Federal de Campana, determinó que la normativa deberá encontrarse en «plena ejecución» para el próximo 4 de febrero. La resolución, dictada este martes en plena feria judicial, otorga al Estado un plazo perentorio de cinco días hábiles para acreditar, mediante documentación concreta y verificable, los avances administrativos destinados a cumplir con la sentencia original de diciembre.
El conflicto legal se originó cuando el Gobierno suspendió la aplicación de la ley a través del Decreto 681/2025, bajo el argumento de que el Congreso no había especificado las fuentes de financiamiento. Sin embargo, la justicia declaró inválido dicho artículo, subrayando que la falta de recursos no puede ser utilizada como justificación para vulnerar derechos humanos fundamentales con jerarquía constitucional.
El juez González Charvay ha sido explícito al señalar que no aceptará nuevos informes basados en «proyectos» o «análisis genéricos», exigiendo en su lugar pruebas tangibles del cumplimiento de la norma. Según el fallo, la apelación presentada por el Ejecutivo no detiene la obligación de ejecutar la ley, ya que el recurso fue concedido con «efecto devolutivo», lo que implica que la protección a los sectores vulnerables debe mantenerse mientras la Cámara Federal de San Martín revisa el fondo del caso.
La decisión judicial representa un revés significativo para la estrategia de austeridad del oficialismo, que había intentado derogar o bloquear la ley argumentando el riesgo de afectar la meta de «déficit cero». Para las organizaciones civiles y familiares de personas con discapacidad, el fallo supone una garantía crucial para la continuidad de tratamientos médicos, el transporte adaptado y las prestaciones educativas que se encontraban en riesgo de interrupción.
