El Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires presentó el informe de auditoria en relación a la rendición de cuentas municipales del período 2025 (Expediente N.º 3-082.0-2025, Municipalidad de 9 de Julio, Ejercicio 2025). Desde EXTRA Digital presentamos una serie de informes analíticos de los datos y consideraciones expresadas por dicho Tribunal en relación a las arcas y usos de recursos municipales durante el 2025.
Por Redacción Extra Digital
9 de Julio es uno de los once municipios alcanzados por la causa federal de las fotomultas. El Tribunal de Cuentas pidió tomar conocimiento del expediente. La respuesta fue una impresión de pantalla.
El 28 de julio de 2020 la Municipalidad de 9 de Julio celebró un Convenio de Cooperación y Asistencia Técnica con la Universidad Nacional de General San Martín para la implementación y funcionamiento del Programa de Seguridad Vial del distrito. Fue convalidado por Ordenanza 6275/20 y promulgado por Decreto 1519/20.
En febrero de 2025, la Delegación Zonal XIX del Honorable Tribunal de Cuentas requirió al municipio copia del expediente administrativo y de la documentación allanada en la causa FMS 28454/2024, caratulada “UNSAM s/a determinar”, que tramita ante el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de Tres de Febrero. De hecho, hubo un allanamiento en las oficinas municipales por aquel entonces, minimizado oficialmente.
Según el informe, la documentación allanada incluyó:
- Convenio entre la UNSAM y la Municipalidad de 9 de Julio.
- Convenio marco con la Dirección Provincial de Política y Seguridad Vial.
- Convenio con la UNSAM y la empresa Tránsito Seguro S.A.
- Convenio tripartito de cooperación institucional, asistencia técnica y académica.
- Ordenanza 6275/2020 y Decreto 1519/2020.
- Documentación técnica de los cinemómetros fijos marca NEO, modelos 180 y 184, con sensores subterráneos sobre la ruta.
El 14 de mayo de 2026, por acta de requerimiento 63, el Tribunal solicitó tomar conocimiento de esa documentación, dejando constancia de su convencimiento de respetar las garantías del debido proceso y la defensa en juicio. El 20 de mayo el municipio respondió. Envió una impresión de pantalla con los movimientos de la causa al 7 de mayo, sin firma alguna, en la que se visualiza que el expediente se encuentra en la Cámara Federal de San Martín, Sala 1, Secretaría Penal 1. Las autoridades aclararon que el municipio no es parte.
Qué investiga esa causa? La investigación se centra en los convenios que once municipios bonaerenses firmaron con la UNSAM para la administración del cobro de multas por infracciones de tránsito, y la lleva el juez federal Juan Manuel Culotta, con impulso del fiscal de la jurisdicción, Paulo Starc. Los municipios allanados en el marco de la causa fueron La Matanza, Morón, General Pueyrredón, Zárate, San Isidro, General San Martín, Hurlingham, Escobar, Monte, General Rodríguez y….9 de Julio.
En todos los casos se buscó acceder a convenios, formularios 02, sistemas de procesamiento de actas y documentación financiera y administrativa que acredite la operatoria entre los municipios, la universidad y las empresas.
El foco está puesto en que la casa de estudios, sin figurar registrada como proveedora de tecnología en la Provincia, tercerizaba el servicio en firmas privadas, práctica que según los investigadores contraviene el Decreto 1023/01, que prohíbe la subcontratación en esta clase de convenios.
Según la hipótesis fiscal, el esquema permitía a los municipios evitar la licitación pública, y hasta el setenta por ciento de lo recaudado quedaba dentro de esa estructura de intermediación. Un informe elevado al juzgado estima el desvío en 1.900 millones de pesos durante 2024 en el conjunto de los distritos.
Lo que corresponde precisar es que ningún funcionario de 9 de Julio se encuentra imputado en esa causa. El municipio no es parte. La investigación está en trámite y rige la presunción de inocencia. Lo que observa el Tribunal de Cuentas no es la causa penal. Es otra cosa, y es de su competencia: los controles que el municipio debía ejercer sobre el contrato y no acreditó.
El Fallo del ejercicio 2024 ya había encomendado esos controles. El informe los reitera uno por uno.
- Cotejo de las infracciones del crudo contra las actas labradas, y muestreo sobre las fotos descartadas.
- Control de multas cargadas contra multas cobradas.
- Seguimiento de las multas absueltas, prescriptas o desistidas, y determinación de responsabilidad.
- Acciones tendientes al cobro del porcentaje que corresponde al municipio.
Y una más, que va al final de la lista.
Figuran como responsables prima facie la Intendente Municipal María José Gentile, los Secretarios de Gobierno Víctor Hugo Altare y Joselina Rodríguez, y la Asesora Legal y Técnica Miriam Aurora Lorenzo. No es un fallo sino el informe del artículo 26 de la Ley 10.869, con quince días de traslado para descargo. El plazo está corriendo.
Cuál es el último control de la lista? Verificar que todos los cinemómetros tengan contrato con el municipio. Es el más elemental de los controles que el Tribunal reclama, y es el que figura al final. Seis años después de firmado el convenio, todavía está pendiente.
