Por Carlos Graziolo
La intendenta municipal, María José Gentile dejó inaugurado anoche el nuevo período de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante. Con asistencia perfecta de los concejales de distintos bloques, el discurso, que ocupó casi una hora, dio como es habitual datos y detalles de las distintas áreas de gobierno con algunos dardos y ciertas omisiones. El primero fue para aquellos presentes en el recinto que, dijo, “prefirieron el trabajo de escritorio y los pedidos de informes” lo que pareció dirigido al bloque de Luis Moos y los suyos de La Libertad Avanza.
En otro tramo las acusaciones estuvieran puestas en “quienes ya pasaron por el ejecutivo de gobiernos anteriores” y sin nombrarlos se entendió referirse a ‘Nacho’ Palacios y Eduardo Moscato.
Hubo referencias al tránsito, al basural, pero sin mayores anuncios y se resalta el dato de “la disminución de la planta de trabajadores municipales, un 15 por ciento en los últimos dos años”.
No obstante, no hubo referencias a la frustración (léase fracaso) que significó el cierre de ‘la Casa de Abrigo’ ni tampoco al recambio de funcionarios que siempre está dando vueltas como síntoma de renovación y aire nuevo. Pero nunca se concreta. Tampoco hubo mención a las localidades.
Quedan por delante mucho trabajo por hacer, pocos recursos, como la misma intendenta sinceró en su mensaje y más de un interrogante por develar.
En el discurso, Gentile mencionó la situación de extrema vulnerabilidad financiera donde la caída del 20% en la coparticipación federal y una baja cobrabilidad de tasas locales han obligado a una reasignación constante de partidas para sostener los servicios básicos. Hubo menciones a lo ocurrido en el 2025 por la inundacion. Ante este escenario, según el discurso de Gentile, el municipio priorizó la accesibilidad a las localidades rurales y el mantenimiento de canales, invirtiendo recursos que excedieron lo recaudado y obligando a postergar mejoras en el casco urbano.
En el ámbito administrativo, la gestión destacó una reducción del 15% en la planta de empleados municipales en los últimos dos años como parte de un plan de austeridad que incluyó la donación de parte del sueldo de la Intendente y el congelamiento de haberes de funcionarios. El discurso oficial advirtió sobre un desfasaje crítico en el valor de las tasas de servicios. Según el Ejecutivo, el alumbrado público genera un déficit anual de 200 millones de pesos, mientras que los recursos aprobados para la red vial apenas cubren el equivalente a 50 litros de combustible por kilómetro al mes, situación que califican como un «desfinanciamiento de los servicios básicos» por parte del cuerpo legislativo.
Respecto a la agenda ambiental y urbana, el foco inmediato se sitúa en la crisis del basural municipal, una deuda histórica de más de 30 años que ha derivado en incendios recurrentes. Si bien el municipio cuenta con las tierras para un nuevo relleno sanitario, la falta de recursos económicos impide finalizar las obras necesarias. Paralelamente, se anunció el avance de un nuevo Código de Ordenamiento Urbano y Territorial, diseñado con una visión a 30 años para modernizar las reglas de construcción y proteger el patrimonio local.
Mencionó un plan estratégico para busca articular la educación técnica con la demanda laboral mediante programas de formación en nuevas tecnologías, como robótica e inteligencia artificial, y la consolidación de la oferta universitaria local a través del Programa Puentes. En materia de seguridad alimentaria y salud, el municipio informó que garantiza el sustento de 800 familias y ha alcanzado un récord de 164.000 consultas médicas, reafirmando el rol del Estado local como el «último refugio» frente a la crisis socioeconómica nacional.
Datos que, en muchos casos, contrastan con la realidad de lo realizado.
