El inicio de febrero en Argentina marcará una nueva presión sobre el presupuesto de los hogares, con una serie de ajustes en servicios públicos y privados que entrarán en vigor a partir de este domingo. El incremento más significativo se sentirá en el transporte público de pasajeros, donde el boleto de colectivo en el Área Metropolitana de Buenos Aires sufrirá aumentos diferenciados según la jurisdicción: en la Ciudad de Buenos Aires la suba será del 2,8%, mientras que en las líneas provinciales el ajuste alcanzará el 4,5%.
Este esquema tarifario llevará el boleto mínimo en territorio bonaerense a los 721 pesos para los tramos más cortos, mientras que el subte porteño también ajustará su valor hasta los 1.336 pesos para quienes cuenten con la tarjeta SUBE registrada. Los usuarios que utilicen plásticos sin identificar deberán afrontar tarifas considerablemente más altas, una medida que el Gobierno sostiene para incentivar la nominalización del sistema y focalizar los subsidios.
En el sector de la salud, las empresas de medicina prepaga han comenzado a notificar a sus afiliados incrementos de hasta el 2,8%, un ajuste que se suma a la desregulación total de precios vigente desde el año pasado. Por su parte, el rubro de las telecomunicaciones no quedará exento, con alzas anunciadas en las facturas de telefonía móvil, internet y televisión por cable que oscilarán entre el 2,8% y el 3,5%, dependiendo del prestador y el plan contratado.
El mercado inmobiliario también afrontará renovaciones con fuertes incrementos; aquellos inquilinos que aún mantienen contratos bajo la antigua Ley de Alquileres percibirán ajustes anuales cercanos al 34,6% según el Índice de Contratos de Locación. En contraste, las jubilaciones y pensiones recibirán una actualización del 2,85% basada en la inflación de diciembre, aunque el bono extraordinario de 70.000 pesos se mantendrá sin cambios por vigésimo cuarto mes consecutivo, lo que en términos reales representa una pérdida de poder adquisitivo para los beneficiarios de la mínima frente a la escalada de los servicios básicos.
