No es una denuncia política
Durante la semana pasada se conoció la denuncia judicial presentada por Vanesa Paladino, concejal de La Libertad Avanza, contra Matías Losinno, presidente de la Cooperativa Eléctrica y de Servicios Mariano Moreno. Ambos se expresaron públicamente en el programa “Temprano para Todo”, que conduce Carlos Graziolo en la primera mañana de Supernova 97.9. De esas intervenciones surgen algunas consideraciones que merecen ser analizadas con rigor.
Matías Losinno recurre a una estrategia conocida y desgastada: cuando los hechos incomodan, se refugia en el victimismo; cuando aparecen preguntas concretas, responde con grandilocuencia; cuando surge una denuncia grave, la descalifica como “política”. Pero esa coartada ya no alcanza. No alcanza porque los hechos existen, porque hay actuaciones judiciales en curso y porque los números de la gestión hablan por sí solos. Reprocha que la concejal haya hecho pública una situación antes de recibir una notificación judicial, pero omite deliberadamente un dato central y fácilmente verificable: más allá de las contradicciones surgidas en la entrevista radial —donde primero manifestó que se presentó como usuaria y luego reconoció estar trabajando con su bloque en un pedido de informes para elevar a la cooperativa—, lo cierto es que, antes de cualquier aparición mediática, Vanesa Paladino presentó formalmente una denuncia penal. No hubo una búsqueda de titulares ni la construcción de un relato previo. Hubo, primero, el recurso a la Justicia y, recién después, la palabra pública. La exposición mediática fue una consecuencia, no la causa.
Paladino, además, no habló únicamente desde su rol institucional. Es usuaria de la Cooperativa, abona servicios obligatorios y tiene pleno derecho a exigir reglamentos, explicaciones y trato respetuoso. El control ciudadano no se suspende por ocupar un cargo público, ni se ejerce únicamente por escrito y en silencio administrativo. Pensar lo contrario implica concebir a las instituciones como espacios cerrados, blindados al reclamo y ajenos a la rendición de cuentas.
En su relato, Paladino sostuvo que el presidente la “agarraba”, señalando un contacto físico. Losinno niega haberla tocado. Esa negación, por sí sola, no agota ni clausura ninguna investigación. No se trata de un cruce discursivo ni de una disputa mediática: se trata de hechos concretos que deberán ser evaluados en el ámbito judicial correspondiente. Reducir el análisis a la ausencia de golpes o insultos explícitos es desconocer —o fingir desconocer— qué se entiende por violencia institucional. La violencia no se limita al golpe ni al grito: se configura también a partir de la posición de poder, de las conductas desplegadas desde ese lugar y de su efecto disciplinador.
La reiteración del argumento “había testigos” pretende instalar una inmunidad de hecho. Pero en términos institucionales ocurre exactamente lo contrario. Vanesa Paladino también contaría con testigos, y no solo respecto de un episodio aislado. Según fuentes directas y coincidentes, los relatos describen un comportamiento reiterado, un modo de vinculación que excede el intercambio circunstancial y se inscribe en una lógica de presión, intimidación y desborde ejercida desde una posición jerárquica.
Aquí el eje deja de ser quién dice la verdad en un momento puntual. El foco se desplaza hacia la eventual existencia de una práctica, hacia la posible utilización del cargo como herramienta para imponer condiciones, marcar límites y desalentar el reclamo. Ese corrimiento es decisivo. Porque cuando emergen testimonios convergentes sobre conductas repetidas, la cuestión deja de ser personal y pasa a ser institucional. Ya no se trata de una susceptibilidad individual, sino de cómo se ejerce el poder dentro de una entidad que administra servicios esenciales. Más aún: esas personas ya habrían manifestado su voluntad de declarar en el marco de la investigación en curso. En ese contexto, el micrófono es irrelevante y las amenazas judiciales quedan expuestas como lo que son: una reacción defensiva anticipada. Negar, minimizar o descalificar no es defensa. Es resistencia al control. Y toda resistencia al control, cuando se ejerce desde una función pública, tiene consecuencias.
Losinno insiste en que una concejal “es concejal las 24 horas”. Es cierto. Pero lo mismo vale para él: preside una cooperativa de servicios públicos las 24 horas, administra recursos de terceros y debe rendir cuentas de manera permanente. No puede exigir solemnidad institucional mientras responde con descalificación política. No puede reclamar respeto mientras intenta deslegitimar el reclamo.
Tampoco puede hablar de límites democráticos mientras desplaza el eje hacia la intimidación judicial. El argumento del “cambio de criterio del INAES” aparece como un comodín para justificar la ausencia de aprobaciones formales. Pero los usuarios no están obligados a creer en gestiones verbales ni en explicaciones informales. Tienen derecho a exigir respaldo documental, transparencia y legalidad plena. La referencia peyorativa a “panfletos” o “fotocopias” no es un detalle menor: es un síntoma. Habla de improvisación, no de solidez institucional. Losinno afirma que “como no pueden atacar la gestión, atacan a la persona”. Los números desmienten ese relato. La Cooperativa atraviesa lo que ya puede describirse como una crisis profunda de gestión, con una acumulación de juicios laborales, conciliaciones millonarias y ejecuciones de honorarios que no paga la conducción: las pagan los usuarios. Más de 316 millones de pesos comprometidos en fallos y acuerdos judiciales ya cuantificados.
No es mala suerte. No es herencia ajena. Es gestión. Cada expediente es un síntoma. Cada conciliación millonaria es una decisión mal tomada. Cada peso destinado a cubrir errores de conducción es un peso menos para inversión, mantenimiento y calidad del servicio. En cualquier empresa privada, en cualquier lugar del mundo, una conducción que acumulara semejante desastre jurídico y económico habría sido removida sin contemplaciones. Aquí no ocurrió. En una cooperativa, esto no es abstracto: impacta directamente en la factura. Y el silencio institucional frente a esta sangría económica no es prudencia: es una forma de complicidad política.
Amenazar con denuncias civiles, penales o cartas documento puede intimidar, pero no explica. Puede amedrentar, pero no aclara. En democracia, el límite no lo fija el micrófono ni el expediente, sino la transparencia. Y hoy, esa transparencia no aparece. Porque al final, como me enseñó mi abuelo lobo, la verdad no falla.
EL LOBO
