El Municipio que clausuró la Justicia
En 9 de Julio, la Justicia ya no es ciega. Ni imparcial. Ni independiente. Es, apenas, un decorado polvoriento que primero Mariano Barroso y luego María José Gentile decidieron empujar hacia el rincón más oscuro de la estructura municipal. Ambos, embanderados en el color amarillo del PRO, gobernaron —y gobiernan— con una obsesión compartida: ser los discípulos más fieles de Mauricio Macri y aplicar su doctrina sin matices, incluso a costa de la institucionalidad.
Barroso fue intendente entre 2015 y 2023, y dejó el sillón para que lo ocupe Gentile, su heredera política directa. Desde entonces, ella no solo mantuvo a rajatabla la línea de su antecesor, sino que la profundizó. Porque en 9 de Julio, la Justicia no se respeta: se somete, se acomoda o se descarta.
Los discursos de Barroso no se escuchaban: sonaban como tornillos girando contra metal. Con esa frialdad encapsulada, aisló a 9 de Julio —y a sí mismo— de cualquier lógica de convivencia democrática. Y en ese aislamiento deliberado, decidió que la Justicia no tenía lugar. No la combatió: simplemente la desactivó, convalidando designaciones funcionales al poder y legitimando figuras cuestionadas que responden al mismo engranaje político.
Juez con denuncias gravísimas
La primera ficha fue Alejandro Casas, cuya designación como Juez de Paz fue convalidada políticamente por Barroso. Pero lejos de representar un modelo de Justicia, Casas acumula denuncias gravísimas en su contra. No se trata de trascendidos ni sospechas: son presentaciones formales con pruebas documentadas que deberían haber activado los mecanismos institucionales de control, pero que en 9 de Julio son sistemáticamente ignoradas por las autoridades. En este municipio, un juez acusado sigue en funciones mientras se blindan sus vínculos con el poder político.
Jueza condenada aun en funciones
Después llegó el turno de María Florencia Valinoti, designada directamente por Barroso como Jueza de Faltas. El caso es escandaloso por donde se lo mire: Valinoti tiene una sentencia firme y consentida en su contra, lo que por sí solo debería haber motivado su separación inmediata del cargo. Sin embargo, continúa ejerciendo funciones judiciales con total normalidad, avalada por la gestión de María José Gentile, que hasta hoy no ha hecho nada por corregir esta anomalía institucional.
Y no está de más aclarar un punto crucial: Valinoti no tiene tres sentencias en su contra, como afirmó erróneamente el presidente del Concejo Deliberante, Sebastián Malis, en el programa Temprano Para Todos (Supernova 97.9). Tiene una sola sentencia firme, y con una es más que suficiente para que cualquier funcionario público sea apartado. Esa declaración incorrecta, lejos de aclarar, buscó relativizar la gravedad del caso y desinformar a la comunidad.
No son simples nombramientos
Esto va mucho más allá de simples convalidaciones o nombramientos. Lo que Barroso y Gentile han construido es un modelo de poder que convierte a la justicia en una pieza decorativa, subordinada al Ejecutivo. En vez de independencia, hay obediencia. En vez de transparencia, hay opacidad. La doctrina que ambos aplican es clara: el control total, incluso sobre los organismos que deberían controlarlos.
Por eso, cabe preguntarse seriamente cómo es posible que semejantes irregularidades se sostengan sin que se active ninguno de los mecanismos institucionales de control. ¿Dónde están los pedidos de informe? ¿Quién le exige explicaciones a quienes hoy blindan a funcionarios denunciados o condenados? ¿O acaso el silencio también fue convalidado?
En este entramado, lo que menos importa es el acceso del ciudadano a una Justicia real. Lo que se protege, en cambio, es una estructura cerrada, donde los funcionarios judiciales cuestionados son blindados, y los denunciantes, desalentados o ignorados. Una Justicia así no es justicia: es una herramienta de poder.
La ciudadanía, entre la resignación y la burla
Hoy, 9 de Julio es un municipio sin Justicia efectiva. Las estructuras están, los cargos están, pero el valor republicano del Poder Judicial fue barrido por una estrategia de control político sostenida desde el 2015 hasta hoy. Primero por Barroso, ahora por Gentile. Mismo color, misma doctrina, y la división de poderes como un estorbo administrativo más.
Y mientras todo esto sucede, la ciudadanía se cansó. Se hartó de ver cómo se juega al Truco cantando envido con menos de 21. Tanto por parte de Casas como de Valinoti, las “jugadas” políticas ya no convencen a nadie. Al final, las convalidaciones y designaciones que pretendían liquidar la inoperancia de gestiones anteriores solo consiguieron convertir a la justicia local en un chiste interno. Y el ciudadano, el principal aludido, se cruzó de brazos y se largó a reír, en silencio, mientras desde el poder aún creen que nadie se dio cuenta.
El Lobo
