Se inunda la ruralidad, se seca la política
Mientras en 9 de Julio el agua sigue subiendo —aunque no llueva—, la política local parece cada vez más seca de respuestas. Zonas como El Chajá, 12 de Octubre, Bacacay y los alrededores de Dudignac y Morea están completamente anegadas. No por tormentas recientes, sino por desbordes, napas altas, escurrimientos sin control y aguas clandestinas que descienden como fantasmas de una desidia estructural. Una desidia que, día tras día, confirma que el Municipio no está a la altura.
Los testimonios que llegan desde el campo son desgarradores. No llueve, pero los campos se convierten en lagunas. No hay funcionarios en el barro, pero sí productores hasta la cintura en agua, intentando salvar lo que pueden. La emergencia lleva más de 20 semanas, pero la respuesta institucional tiene el ritmo de la burocracia: lenta, ineficaz y ajena a la urgencia del desastre.
Una retroexcavadora municipal que llegó a fines de mayo con la misión de limpiar 10 kilómetros de canal apenas avanzó mil metros. Un solo operador compartido, horarios “normales” y un Estado que se vuelve invisible cuando más se lo necesita. La intendenta María José Gentile guarda silencio o repite frases de ocasión. Mientras tanto, el hartazgo rural escala al mismo ritmo que el agua.Y ya no se calla. Productores organizados, conectados y decididos documentan lo que sucede: en videos, en redes sociales, en posteos que impactan más que cualquier parte de prensa oficial.
“No tenemos intendente. Tenemos promesas vacías”, dicen.
“No hay planificación. Hay soberbia”, repiten.
Uno de los testimonios más representativos fue el de Mario Oyanguren, productor afectado que participó del programa Zona Cero (Somos 9 de Julio). Su diagnóstico fue tan claro como brutal:
“Pareciera que en las autoridades no hay conciencia real de la situación.”
Y no la hay. Caminos rurales intransitables, canales tapados, campos bajo agua, y a la vez, el Municipio insistiendo en cobrar la tasa de mantenimiento de caminos y canales. Una ironía cruel. La única presencia estatal es la boleta de cobro. Nada más. “Estamos solos”, se escucha en las tranqueras. Y nadie puede refutarlo. El contraste con otros tiempos es inevitable. En 2001, con menos recursos y más barro, se abrían canales contra reloj, se limpiaban alcantarillas, se metían las máquinas al agua. Hoy, la gestión actúa como si viviera en Vicente López, no en uno de los partidos más productivos del noroeste bonaerense.
¿Cómo hacen campaña en este contexto?
El agua sube, las rutas rurales se destruyen, la hacienda se pierde, y el hartazgo se multiplica. La dirigencia local, señalan los productores, «no está a la altura ni en la presencia, ni en la acción, ni en el respeto». En medio del barro y la desesperación, la pregunta que flota entre las tranqueras y los grupos de WhatsApp rurales es una sola:
¿Cómo piensan pedir el voto quienes no supieron, no quisieron o no pudieron ponerse las botas de goma?
Porque la ruralidad ya tomó nota. Y cuando el agua se lleva todo, también arrastra los discursos vacíos. La política local parece encapsulada, atrapada en una gestión que funciona como si se tratara de una oficina administrativa más. El silencio oficial dejó de ser una falta de comunicación: es ahora una estrategia de supervivencia ante el colapso de toda capacidad de respuesta.
La emergencia no es solo hídrica: es institucional. Una crisis que no encuentra eco en el gobierno municipal y que deja ver algo más grave que la ineficiencia: la indiferencia.
Mientras los caminos desaparecen bajo el agua, también se hunde la credibilidad de una gestión que habla de futuro mientras naufraga en el presente. Y el campo, que ya no espera, se organiza, denuncia y documenta. Porque cada omisión también se vota.
El Lobo
