Las imágenes se repiten cada día en la sede de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), sobre la calle Yrigoyen, a metros del Congreso. Decenas de personas, muchas con bastones, muletas o en silla de ruedas, esperan bajo el sol o la lluvia para reclamar lo mismo: el Gobierno les suspendió el pago de la pensión por discapacidad sin previo aviso ni explicación clara.
Filas interminables y bronca contenida
Los testimonios son desgarradores. Julio Gómez, de 55 años, llegó acompañado por su madre Catalina, de 80. “Me dejaron de pagar la pensión en junio”, contó. Con voz quebrada, agregó: “Yo nací con esto, mi discapacidad no cambia”. Catalina lo mira y completa: “Estamos viviendo los dos de mi jubilación, de 300 mil pesos”.
No es un caso aislado. Cristina, de 59 años, llegó desde Monte Grande con un diagnóstico de Chagas y se encontró con la misma respuesta: “En agosto no me depositaron nada”. Otra mujer, que exhibía sus manos deformadas por la artritis, relató que presentó toda la documentación hace un año y todavía no recibe el pago.
El ajuste en números y la sombra del escándalo
El recorte no es casualidad. Según el proyecto de Presupuesto 2025 enviado por Javier Milei al Congreso, la meta oficial era reducir un 30% las más de 1,2 millones de pensiones vigentes a fines de 2024. Pero esa cifra ya quedó chica: en documentos de “presupuesto abierto” se proyecta llegar a medio millón de bajas.
El mecanismo para concretarlo arrancó bajo la gestión de Diego Spagnuolo en ANDIS. Con la excusa de una auditoría, se enviaron cartas documento a cientos de miles de beneficiarios exigiendo nuevos estudios médicos y trámites engorrosos. Más de 500 mil nunca llegaron a destino, como reconoció el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en el Congreso.
A esto se sumó el decreto 843/24 de Federico Sturzenegger, que habilita dar de baja a quienes no reciban la notificación en tiempo y forma. Así, miles quedaron automáticamente fuera de la ayuda estatal.
Mientras tanto, Spagnuolo dejó su cargo envuelto en denuncias por presuntas coimas en la compra de medicamentos. La intervención posterior, encabezada por Alejandro Vilches, lejos de aliviar, profundizó el miedo interno con la amenaza de nuevos despidos.
Historias de desesperación
La situación desborda las oficinas. “Es desesperante, no sé qué hacer”, dijo entre lágrimas un hombre en entrevista televisiva. Tenía pensión desde hace 15 años y le llegó un mail con la suspensión. “Tengo un tumor maligno y no me operan porque no hay insumos. No sé cómo hacer”, relató con angustia.
Otra mujer viajó desde Salta para reclamar por su hermano con síndrome de Down. “No llegó ninguna notificación y lo hacen venir hasta acá, a perder tiempo. Eso me da bronca, demasiada. No pueden jugar con las personas así”, expresó indignada.(Grupo La Provincia)
