Por Redacción Extra Digital
Hay una frase atribuida a Winston Churchill que funciona como una llave de lectura casi perfecta del momento que atraviesa el Gobierno de Javier Milei: “Siempre se puede confiar en que harán lo correcto, después de haber intentado todo lo demás”. Con matices locales, la definición parece hecha a medida de una gestión que terminó adoptando decisiones necesarias solo cuando el margen de error se volvió mínimo.
Tras el contundente triunfo electoral, el oficialismo se convenció de que su programa económico era “robusto” y que los sobresaltos financieros respondían únicamente a factores externos o al llamado “riesgo kuka”. Esa lectura, reafirmada ante inversores internacionales en Washington, llevó al Gobierno a descartar cualquier ajuste tanto en el frente económico como en el político. El mensaje de las urnas fue interpretado como un cheque en blanco.
En ese clima, se desoyeron dos recomendaciones centrales que llegaban desde los organismos internacionales y desde aliados naturales: ampliar la base política y recomponer reservas. En lugar de construir una coalición más amplia, el Gobierno optó por avanzar sobre el PRO, tensionando una relación clave para la gobernabilidad. Las consecuencias quedaron expuestas durante el debate del Presupuesto 2026 y en la fallida negociación por los cargos en la Auditoría General de la Nación. Aunque el Presupuesto fue aprobado, el oficialismo no logró imponer todo su paquete legislativo y dejó heridas abiertas con un socio indispensable en el Congreso.
Más allá del resultado parlamentario, el episodio reveló un problema más profundo: la insistencia en batallas que no eran prioritarias y que reactivaron conflictos sociales sensibles. La derogación de la Ley de Financiamiento Universitario y de la Ley de Emergencia en Discapacidad mostró una desconexión con demandas que habían erosionado el respaldo social del Gobierno a mitad de año. En ambos casos, había margen para negociar sin resignar el equilibrio fiscal, separando el combate a abusos y fraudes de la protección a sectores vulnerables. No hacerlo fue una decisión política, no técnica.
Ese mismo patrón se repitió en el plano económico. Durante casi dos meses posteriores a las elecciones, el Gobierno se negó a modificar el esquema de bandas cambiarias y avanzó con compras mínimas de dólares. Apostó a que el mercado “entraría en razón”, que el riesgo país bajaría y que el acceso al crédito externo se abriría sin necesidad de acumular reservas. La realidad fue otra: el Banco Central llegó a mediados de diciembre con reservas netas profundamente negativas y con una meta con el FMI cada vez más lejana.
La cercanía del pago de enero —US$4200 millones en bonos— terminó funcionando como detonante. Sin reservas suficientes, sin acceso pleno al mercado voluntario de deuda y con alternativas de financiamiento que no terminaban de cerrarse, el Gobierno agotó las opciones. Incluso la colocación de deuda en dólares en el mercado local, aunque simbólicamente relevante, resultó insuficiente. El riesgo país se mantuvo alto, dejando a la Argentina fuera del crédito internacional razonable.
Recién entonces llegó la corrección. El Ejecutivo anunció cambios en el esquema de bandas cambiarias, que pasarán a ajustarse por inflación, y lanzó un programa de compra de reservas por unos US$10.000 millones en 2026. No es un plan exento de discrecionalidad ni de dudas, pero representa un giro relevante respecto de la inmovilidad previa. El mercado lo leyó como una señal positiva: el riesgo país cayó y las expectativas mejoraron, al menos de forma transitoria.
Sin embargo, el cuadro sigue siendo frágil. Las recientes ventas de dólares, sumadas a las dificultades políticas en el Congreso, muestran que la estabilidad todavía depende de decisiones consistentes y de una estrategia más amplia. Sin una coalición política sólida, cada reforma estructural —laboral, impositiva, previsional— será una negociación cuesta arriba. Y sin reservas, cualquier programa económico queda expuesto.
La paradoja es que, si el Gobierno logra superar estos obstáculos, el horizonte no es necesariamente negativo. Un contexto de menor inflación, tasas más bajas, recuperación del crédito, mayor inversión y un fuerte impulso exportador podría permitir un crecimiento cercano al 5% en 2026. Las condiciones están dadas. Lo que falta es previsibilidad política y una lectura más realista de los tiempos.
La experiencia reciente deja una enseñanza clara: gobernar no es solo tener razón en el diagnóstico, sino saber cuándo y cómo aplicar las correcciones necesarias. La economía argentina suele castigar la demora. Esta vez, el Gobierno llegó a tiempo por poco. La incógnita es si aprenderá la lección antes de que la realidad vuelva a imponerla.
