La aparición de una estructura metálica bloqueando un tramo de la Ruta Provincial 12, en las cercanías de El Maitén, desató una intensa controversia patagónica. Mientras los vecinos denuncian la privatización de un camino público, las autoridades provinciales y los propietarios del terreno ofrecen una versión que apunta a un problema burocrático de larga data: una obra pública que nunca se terminó de formalizar. El conflicto se viralizó tras la difusión de imágenes que mostraban una tranquera metálica instalada directamente sobre el asfalto, en el trayecto que conecta la Ruta Nacional 40 con la localidad de Gualjaina. Las primeras versiones sugerían que un empresario extranjero había «cortado» la ruta de forma arbitraria, impidiendo el paso hacia zonas turísticas y rurales. Sin embargo, la Administración de Vialidad Provincial (AVP) de Chubut intervino para aclarar los matices legales de la situación.
Según el organismo vial, el tramo en disputa forma parte de un proyecto de pavimentación iniciado entre los años 2005 y 2009. A pesar de que la traza fue abierta y utilizada por el público durante años, el proceso legal de expropiación y transferencia de tierras al Estado nunca se completó.Desde el punto de vista jurídico, el suelo sobre el que se asienta el asfalto sigue siendo propiedad privada. Vialidad confirmó que, aunque existe un convenio de uso, la falta de regularización definitiva ha dejado la zona en un «limbo» donde los límites entre el derecho a transitar y el derecho a la propiedad privada se desdibujan.
Luciana Zárate, copropietaria del campo afectado, salió al cruce de las acusaciones calificando las denuncias de «falsas» y asegurando que el paso no está bloqueado. Según su testimonio, la tranquera se instaló para delimitar su propiedad ante constantes hechos de inseguridad, como robos de ganado y vandalismo, pero aclaró que la estructura permanece sin candado para permitir la circulación. «No somos terratenientes extranjeros, somos gente trabajadora defendiendo su lugar», afirmó Zárate a medios locales, desmintiendo las versiones que vinculaban la propiedad con capitales foráneos. La propietaria sostiene que, ante la ausencia de una expropiación formal y el abandono de la obra por parte del Estado hace más de una década, el terreno sigue bajo su jurisdicción legal.
La Ruta 12 es una arteria vital para el desarrollo turístico de la zona, ya que es el principal acceso al Área Natural Protegida Piedra Parada, un destino de renombre mundial para la escalada y el senderismo. La incertidumbre sobre la libre circulación genera preocupación no solo entre los habitantes de Gualjaina, sino también en el sector turístico que depende de la previsibilidad de los caminos. Por el momento, el Gobierno de Chubut no ha anunciado medidas judiciales para retirar la estructura, pero el caso ha reabierto el debate sobre las decenas de obras públicas inconclusas en la Patagonia que, años después de su paralización, generan conflictos de tierras entre el Estado y los particulares.Mientras la burocracia estatal intenta resolver un expediente que lleva 15 años abierto, la «tranquera de la discordia» permanece como un símbolo de la fragilidad jurídica en las fronteras entre lo público y lo privado.
