La ciudad de Chivilcoy, un histórico polo productivo en la provincia de Buenos Aires, se ha convertido en el último epicentro de la crisis que atraviesa el sector manufacturero argentino. La empresa Arluchi S.A., que opera bajo la marca comercial IDS Suelas, anunció el despido de diez trabajadores, una medida que no solo reduce su estructura operativa a un mínimo histórico, sino que también enciende las alarmas sobre la viabilidad de la industria nacional frente a un cambio de paradigma económico.
Especializada en la fabricación de componentes de caucho y EVA, la firma se estableció en el Parque Industrial local en 2011 con una visión ambiciosa: actuar como proveedor estratégico para gigantes del calzado. Sin embargo, tras las recientes cesantías, la planta cuenta hoy con apenas 25 operarios. Esta cifra representa una fracción de lo que supo ser una fuerza laboral robusta y simboliza el repliegue de un proyecto que nació con capitales brasileños para abastecer al grupo Paquetá.
La decisión de la compañía ha provocado una respuesta inmediata de la Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado de la República Argentina (UTICRA). El sindicato denunció una ruptura de la confianza, alegando que la empresa violó un acuerdo de estabilidad laboral firmado en noviembre que debía regir hasta marzo. El gremio describió la comunicación de los despidos como un hecho abrupto, ocurrido mientras sus representantes se movilizaban hacia la capital para protestar contra las reformas laborales impulsadas por el gobierno central.
Desde la dirección de IDS Suelas, el argumento para justificar los recortes se centra en una «tormenta perfecta» de factores externos. La empresa señala que la apertura de importaciones y la reducción de aranceles iniciada a mediados de 2024 han dejado a los componentes locales en una situación de desventaja competitiva. A esto se suma el desplome del consumo interno y la pérdida de clientes clave como la marca Puma, cuya salida dejó a la planta con niveles críticos de capacidad ociosa.
Las estadísticas respaldan el pesimismo del sector. Según datos de la Cámara del Calzado, la actividad ha experimentado una caída estrepitosa de entre el 30% y el 40% en términos interanuales. Los dirigentes gremiales locales son contundentes al señalar que el mercado se encuentra «inundado» de productos extranjeros, lo que paraliza las ventas de la producción doméstica y pone en riesgo la continuidad de las fábricas.
El caso de Chivilcoy no es un fenómeno aislado, sino que se integra en un mapa de conflictividad que se extiende por todo el territorio argentino. La conducción nacional de UTICRA ha calificado la situación de «extrema gravedad», citando despidos masivos en otras regiones, como los 150 operarios desvinculados en la planta de Dass en Misiones. El sector textil enfrenta un panorama similar con cierres de fábricas históricas en Lanús y recortes masivos en Mar del Plata y Chaco, bajo una estimación alarmante: el 70% de la indumentaria que se consume hoy en el país proviene del exterior.
Ante la falta de soluciones inmediatas, el conflicto se ha trasladado al ámbito administrativo. El sindicato ha presentado una denuncia formal ante el Ministerio de Trabajo bonaerense, exigiendo audiencias urgentes para asegurar el pago de indemnizaciones. Mientras tanto, el futuro de los 25 trabajadores restantes en IDS Suelas permanece en la incertidumbre, en un contexto donde el modelo industrial tradicional de Argentina lucha por sobrevivir a las nuevas reglas del comercio global.
