En 2026 comenzará a caer la mitad de las medidas antidumping vigentes en la Argentina. No será un accidente administrativo ni una omisión técnica: es una decisión política. En medio de tensiones abiertas entre el oficialismo y parte del establishment, y con una batería de reformas orientadas a desregular el comercio exterior, el entramado fabril asiste al desmantelamiento de los últimos escudos que amortiguaban la competencia asiática.
Los síntomas ya son visibles. En Tierra del Fuego, unos 140 trabajadores de Aires del Sur denuncian que no cobran sus salarios desde diciembre tras el parate estival de la planta. Hoy, nueve de cada diez microondas que se venden en el país provienen de Asia. Y en apenas un año, las importaciones de autopartes chinas crecieron más de 80%. No son cifras aisladas: son la radiografía de una apertura acelerada en un contexto de debilidad productiva estructural.
De las 75 barreras antidumping activas, cerca de la mitad vencerán el año próximo. Algunas cámaras y grandes compañías ya iniciaron el trámite para pedir prórrogas. Pero en buena parte del tejido industrial predomina la resignación: el convencimiento de que el Gobierno privilegiará la apertura irrestricta antes que la defensa del mercado interno.
Las señales oficiales alimentan esa percepción. La reciente decisión de no renovar el arancel del 28% a las hojas de aluminio provenientes de China —medida que había sido solicitada en 2020 por Aluar— fue leída como algo más que un acto técnico. En el clima enrarecido que dejó el cierre de la planta de FATE y los cruces públicos entre Javier Milei y Paolo Rocca por la importación de tubos para el proyecto de GNL, el mensaje fue interpretado como un gesto disciplinador hacia el empresariado.
El resultado es un repliegue silencioso. Las grandes firmas asumen que no habrá paraguas protector bajo una administración que concibe la intervención estatal como distorsión antes que como herramienta de política industrial.
Atajos administrativos en lugar de protección estructural
Ante la caída de los expedientes antidumping, la estrategia muta. En vez de impulsar investigaciones por competencia desleal, los departamentos de comercio exterior trabajan sobre los llamados “valores criterio”: buscan que la Aduana establezca precios de referencia mínimos para detectar subfacturación. Es un recurso técnico para frenar ingresos a valores artificialmente bajos sin depender de una resolución política.
Pero incluso esa vía tropieza con la inercia burocrática. Los industriales describen reuniones cordiales en la Secretaría de Comercio y en Economía, promesas de revisión técnica y, al final del día, una admisión tácita: la decisión se toma en Balcarce 50.
La arquitectura normativa acompaña el viraje. Una resolución de enero de 2025 redujo la duración de las medidas antidumping de cinco a tres años y limitó las prórrogas a una única extensión. El cambio pasó casi inadvertido, pero alteró de raíz la lógica de protección que había regido durante décadas.
Los números de la Comisión Nacional de Comercio Exterior exponen la magnitud del giro. De 445 investigaciones históricas, solo quedan hoy 75 medidas activas. En lo que va del año, apenas se abrieron dos causas nuevas: una por rodamientos usados y otra, impulsada por Drean, para frenar la importación de lavarropas terminados, ambas con origen en China.
El dilema de fondo: competitividad o supervivencia
Más allá del debate coyuntural, el problema es estructural. Incluso en sectores que lograron mejoras de productividad, la escala y los costos chinos resultan difíciles de igualar. “Ni con tres reformas laborales competimos”, admite una fuente metalúrgica. En privado, algunos industriales reconocen algo aún más incómodo: aun sin dumping, China gana por precio y volumen.
Del otro lado, representantes de compañías chinas instaladas en el país sostienen que la apertura expone una verdad incómoda: la calidad local tampoco siempre supera a la importada, incluso descontando la carga tributaria argentina.
En el plano geopolítico, la pasividad oficial frente al avance de manufacturas chinas no parece generar fricciones con Washington. Para Estados Unidos, la disputa comercial por bienes de consumo es secundaria mientras Beijing no avance sobre áreas estratégicas como minerales críticos, defensa o energía.
Así, la Argentina transita un experimento de apertura profunda en una economía con debilidades crónicas. La discusión ya no es solo si habrá o no medidas antidumping. Es si el país puede redefinir su perfil productivo sin una transición ordenada o si, en nombre de la competencia, dejará a su industria a la intemperie.La respuesta no es técnica, es política. Y sus efectos se medirán en empleo, inversión y capacidad de desarrollo en los próximos años.
