La Cámara Contencioso Administrativo de San Martín ratificó la medida cautelar que prohíbe fumigar con agrotóxicos a menos de 1000 metros de los pozos de extracción de agua subterránea para consumo humano en la localidad de 9 de Julio (Provincia de Buenos Aires).
La resolución judicial también confirmó la orden de entregar agua segura a toda la población, la cual está afectada por altos niveles de arsénico (detectados hasta en 360 microgramos por litro) y agrotóxicos. Esta decisión se produce al rechazar los recursos presentados por el Municipio de 9 de Julio y la Provincia de Buenos Aires, que buscaban revocar dichas cautelares. El Municipio había argumentado que la distancia de 1000 metros es «irrazonable», defendiendo los 200 metros establecidos en la ordenanza local bajo el concepto de Buenas Prácticas Agrícolas.
La demanda, interpuesta por vecinos de Barrios Unidos (Ciudad Nueva) con el patrocinio de Naturaleza de Derechos, se basó en una «frondosa documental» sobre la contaminación.
El fallo cobra relevancia en el contexto de que, en la Cámara de Diputados de la Nación, avanza el Proyecto de Ley de Presupuestos Mínimos «Proyecto del Veneno», que busca fijar distancias mínimas de fumigación consideradas peligrosas para la salud, y a su vez, funciona como advertencia al Gobierno Provincial que mantiene vigente la «Resolución del Veneno» con un alcance similar al proyecto legislativo nacional.
