El Gobierno nacional decidió avanzar sobre el corazón financiero de la Asociación del Fútbol Argentino. La Inspección General de Justicia (IGJ), a cargo de Daniel Vítolo, confirmó el envío de veedores para supervisar los movimientos contables de la entidad presidida por Claudio Tapia. El argumento oficial: la gravedad de las irregularidades detectadas y la negativa a entregar documentación requerida por el organismo de control.
La decisión abre un frente de alta tensión entre la Casa Rosada y la conducción del fútbol argentino. Según la IGJ, la AFA no ofrece explicaciones integrales sobre sus balances desde hace más de ocho años, lo que impide determinar con precisión el origen y destino de los fondos —en su mayoría millonarios— que circularon por la institución en ese período. El Gobierno sostiene que, como cualquier asociación civil, la AFA debe rendir cuentas bajo los mismos estándares legales. Uno de los puntos que disparó la intervención fue el intento de modificar el domicilio legal de la entidad hacia la Provincia de Buenos Aires. Para la IGJ, esa maniobra configuró una “ficción jurídica” destinada a escapar del control porteño. El trámite quedó frenado cuando se constató que en el predio declarado no funcionaban oficinas administrativas y que la operatoria central continuaba en la histórica sede de la calle Viamonte.
En paralelo, la lupa oficial se posó sobre la denominada “Universidad de la AFA” (UNAFA), un proyecto educativo que, según la resolución, estaría operando sin registración formal en los organismos correspondientes. El mensaje político fue explícito: en la Argentina actual —afirman desde el Ministerio de Justicia— no hay excepciones regulatorias ni privilegios sectoriales.
La resolución también ordena auditar contratos firmados con empresas como TourProdEnter y Sur Finanzas, además de revisar pagos vinculados a la comercialización de derechos en el exterior. La sospecha oficial apunta a posibles ingresos que no habrían quedado asentados en la contabilidad formal de la asociación.
El conflicto ya no se limita al plano administrativo. Existen investigaciones judiciales en curso vinculadas a eventuales maniobras económicas y a la presunta retención de aportes e impuestos. Según consta en actuaciones preliminares, autoridades de la entidad fueron citadas a prestar declaración indagatoria por la posible retención de sumas millonarias.
Los veedores designados tendrán amplias facultades para examinar libros, contratos y movimientos financieros, incluyendo transferencias con el exterior. En el Gobierno sostienen que la prioridad es determinar si existió un circuito paralelo de fondos a través de sociedades vinculadas a dirigentes o intermediarios.
En las últimas semanas trascendieron peritajes que sugieren que ingresos significativos habrían sido canalizados mediante estructuras societarias ajenas a la contabilidad oficial. Frente a ese escenario, la IGJ aceleró la intervención informativa para evitar —según argumentan— la eventual pérdida u ocultamiento de documentación clave.
El choque entre el poder político y la conducción del fútbol argentino ingresa así en una etapa decisiva. Más allá del desenlace administrativo o judicial, lo que está en juego no es solo la conducción de una entidad deportiva, sino el control de un negocio multimillonario que excede largamente lo que ocurre dentro de una cancha.
