Por Redacción Extra Digital
Nueve de Julio no escapó a la oleada de amenazas anónimas que, a raiz del trágico incidente de días atrás en la localidad santafesina de San Cristóbal, se viene replicando en distintos puntos del país y ha puesto en jaque la seguridad de decenas de colegios tanto del ámbito público como del privado. Mensajes intimidantes al estilo “Mañana tiroteo, no vengan”, fueron encontradas escritas en baños y paredes de distintas escuelas del país. La principal hipótesis de los investigadores apunta a un fenómeno de «efecto contagio» impulsado por un desafío viral en TikTok. Este reto incita a los estudiantes a denunciar situaciones de peligro inexistentes para forzar la evacuación de los edificios y la consiguiente suspensión de las jornadas escolares.
La escuela Técnica Nro. 2 de nuestra ciudad fue el primer establecimiento en donde un mensaje que advertía ”17/4 los voy a matar a todos”, apareció en un baño. Rápidamente se hizo la denuncia y se aplicaron las medidas protocolares para este tipo de situaciones, coordinadas desde Jefatura Distrital y la comunidad educativa de la escuela, contando con el apoyo de la Policia Comunal, tal como se explicó en un comunicado oficial.
En el ámbito privado también ocurrieron hechos similares. Por lo pronto se pudo saber que en el Colegio San Agustín también hubo una amenaza, hecho que también fue denunciado por el representante legal del establecimiento. El autor de la “broma” estaría identificado.
Durante el día también se hablaba de un hecho similar en el Colegio Jesús Sacramentado pero, a última hora del jueves, las autoridades de esa entidad educativa emitieron un comunicado en el cual mencionan que si bien conocen el hecho, verificaron y activaron los protocolos del caso pero que “hasta el momento no se ha identificado una situación concreta que represente un riesgo real para nuestros estudiantes”.
Alumnos y padres deben estar al atnto que, aunque los autores de estas amenazas suelen ser menores de edad, este tipo de accionar configura el delito de intimidación pública que implica responsabilidades penales graves. En casos de menores, los padres o tutores podrían enfrentar demandas civiles por los millonarios costos que generan estos operativos de seguridad fallidos. Cada alerta moviliza patrulleros, personal de defensa civil y peritos, recursos que quedan inhabilitados para atender emergencias reales mientras se inspeccionan las aulas vacías.
