La Cámara en lo Contencioso Administrativo de San Nicolás dictó una resolución que obliga a la municipalidad de Baradero a rendir cuentas detalladas sobre el destino de aproximadamente 1.000 millones de pesos recaudados a través de la denominada «tasa vial». La decisión de surge tras una demanda de acceso a la información pública presentada por productores agropecuarios locales, quienes denuncian una falta de mantenimiento crítica en la infraestructura de la región.
El fallo judicial, firmado por los jueces Damián Cebey y Marcelo Schreginger, establece que la administración encabezada por el intendente Esteban Sanzio debe proporcionar documentación exhaustiva que incluya el listado de cheques emitidos, las transferencias realizadas y la matriz de costos utilizada para determinar el tributo. Esta medida ratifica el principio de transparencia en la gestión pública, señalando que los ciudadanos tienen derecho a conocer cómo se utilizan los recursos fiscales sin necesidad de demostrar un interés particular.
La controversia tiene su origen en el deterioro de la red de caminos rurales, esencial para la actividad económica de la zona. Según representantes de la Sociedad Rural de Baradero, de los 600 kilómetros que conforman la red vial del distrito, menos de una tercera parte ha recibido mantenimiento adecuado en los últimos siete años. El presidente de la entidad, Pablo Roller, describió un panorama de aislamiento para quienes viven en el campo, señalando que las malas condiciones del terreno impiden el transporte de hacienda y dificultan el acceso de los niños a las escuelas rurales.
Desde el sector productivo se argumenta que los municipios suelen utilizar lo recaudado por tasas específicas para cubrir gastos generales, como el pago de salarios, en lugar de reinvertir el dinero en los servicios para los cuales fueron creadas. Mientras que el municipio de Baradero deberá ahora presentar los informes requeridos en un plazo de diez días hábiles, el caso se observa con atención en otras localidades bonaerenses (Azul, General Alvarado, Necochea y Henderson) donde productores rurales han iniciado reclamos similares ante la justicia por la falta de contraprestación efectiva de los servicios públicos. Ademas ahora esta el reciente fallo del Juzgado Contencioso Administrativo N°1 de Trenque Lauquen que emplazó al municipio de Daireaux a reintegrar fondos a productores tras comprobar graves deficiencias en el mantenimiento de los caminos y desvío de recursos.
Y la pregunta scada vez toma más pesó: En Nueve de Julio pasará lo mismo?
