La Cámara de Diputados aprobó por una amplia mayoría el proyecto de Régimen Penal Juvenil, que reduce la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. Ahora, el debate se traslada al Senado, donde se espera que se trate el 26 de febrero. La iniciativa, que contó con 149 votos a favor y 100 en contra, generó un intenso debate político y social.
El proyecto fue respaldado por los bloques de Libertad Avanza, PRO, UCR, Coalición Cívica, y otros sectores, mientras que los partidos de izquierda y algunos referentes del peronismo, como los diputados de Elijo Catamarca y Defendamos Córdoba, se opusieron. A pesar de que varios miembros del Frente de Renovador estaban de acuerdo con la baja de la imputabilidad, votaron en contra, aunque uno de sus principales referentes, Ramiro Gutiérrez, aclaró que su voto negativo fue en el marco de la discusión general.
La propuesta busca reformar una ley heredada de la dictadura, estableciendo un nuevo régimen para los menores de 14 años acusados de delitos graves. Este régimen incluiría penas de hasta 15 años de cárcel, pero excluyendo la posibilidad de condena perpetua. Además, los menores deberán cumplir sus penas en centros de reclusión separados de los adultos.
El punto de conflicto
Uno de los puntos más debatidos fue el financiamiento del nuevo régimen penal. El diputado Maximiliano Ferraro propuso un sistema de financiamiento directo, pero esta idea fue rechazada por el oficialismo, que insiste en los convenios entre Nación y provincias.
Además, la discusión sobre la escalada de la violencia juvenil en Argentina sigue siendo un tema candente. Desde el oficialismo, algunos sostienen que el proyecto es una respuesta a esa situación, mientras que desde la oposición se teme que se criminalice aún más a los jóvenes de sectores vulnerables.
Resocialización versus punitivismo
Una de las principales críticas al proyecto fue la percepción de que, al reducir la edad de imputabilidad, el Gobierno está priorizando un enfoque punitivo sobre uno de resocialización. La presidenta de la Comisión de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado, subrayó que el objetivo no es simplemente encarcelar a los menores, sino resocializarlos, una visión que chocó con las críticas de la diputada del Frente de Izquierda, Myriam Bregman, quien argumentó que la reforma apunta a dar más poder a la policía para hostigar a los jóvenes en los barrios.
Por su parte, el presidente del bloque del PRO, Cristian Ritondo, advirtió que bajar la edad de imputabilidad no resolverá de inmediato el problema de la delincuencia juvenil, mencionando que las organizaciones del crimen organizado siguen reclutando jóvenes.
La iniciativa ahora se encuentra en manos del Senado, donde se espera una discusión igual de tensa. Según fuentes parlamentarias, el proyecto podría ser tratado en una sesión prevista para el 26 de febrero, y si se aprueba, modificará significativamente la legislación vigente sobre la edad de imputabilidad en Argentina. El debate sobre la baja de la edad de imputabilidad es uno de los más complejos que enfrenta el país en términos de justicia penal juvenil. A medida que el proyecto avanza en el Congreso, las voces a favor y en contra continúan posicionándose, mostrando la polarización de la sociedad respecto al enfoque que debe adoptarse frente a la creciente violencia juvenil.
