A medida que se acerca el comienzo del ciclo lectivo 2026, la provincia de Buenos Aires se encuentra en una carrera contra el reloj que combina una inversión millonaria en infraestructura con un clima de alta tensión gremial. El gobierno bonaerense ha oficializado el desembolso de más de 8.500 millones de pesos destinados a la puesta a punto de los establecimientos educativos, en un intento por garantizar condiciones de seguridad e higiene en los 135 distritos del territorio. Sin embargo, este despliegue de recursos técnicos y económicos corre el riesgo de quedar eclipsado por el reciente anuncio de un paro docente que pone en duda la apertura efectiva de las aulas.
La Dirección General de Cultura y Educación ha diseñado un esquema de financiamiento que busca abordar las urgencias edilicias desde distintos frentes. La partida presupuestaria se desglosa en 2.050 millones de pesos correspondientes a fondos ordinarios, a los que se suman 4.126 millones de carácter extraordinario para mantenimiento preventivo y otros 2.310 millones como refuerzo del Fondo Compensador. Según fuentes oficiales, estas cifras se traducen en tareas críticas de mantenimiento que van desde la limpieza de tanques y el desagote de pozos hasta el desmalezamiento y la desinfección de los predios, elementos básicos para asegurar la salud de alumnos y docentes.
La titular de la cartera educativa, Flavia Terigi, ha enfatizado que esta decisión política, sostenida por séptimo año consecutivo, subraya el rol fundamental del Estado en la equidad social. La prioridad del plan de obras se centra en aquellos edificios que han sufrido emergencias climáticas o estructurales recientes, cuya resolución es indispensable para evitar la postergación de las clases en las zonas más vulnerables. La ejecución de estos fondos depende de la articulación directa con los Consejos Escolares, quienes deben gestionar la logística de los insumos de limpieza y la recarga de matafuegos en cada localidad.
No obstante, la infraestructura es solo una parte de la ecuación. El clima de optimismo que el gobierno provincial intenta proyectar a través de estas inversiones se ha visto interrumpido por la firme postura de los sindicatos docentes. Las organizaciones gremiales han ratificado una medida de fuerza para el primer día de clases, argumentando que las mejoras en las paredes y los techos no compensan la erosión de los salarios frente a la inflación y la falta de acuerdos paritarios satisfactorios. Este conflicto laboral plantea un escenario de contradicción: escuelas que podrían estar físicamente preparadas, pero que permanecerían con las puertas cerradas por falta de personal.
El desafío para la administración bonaerense radica ahora en transformar esta inversión económica en un capital político capaz de destrabar la negociación con los maestros. Mientras el Ministerio de Educación insiste en que el compromiso con la educación pública es total, los padres y alumnos observan con inquietud cómo la preparación edilicia avanza por un carril, mientras que la paz social educativa parece alejarse por otro. El éxito del ciclo lectivo 2026 no dependerá únicamente de la limpieza de los tanques de agua, sino de la capacidad de ambas partes para sentarse a una mesa de diálogo antes de que suene la campana inicial.
