El debate sobre el uso de agroquímicos en la provincia de Buenos Aires ha dejado de ser una disputa vecinal para convertirse en una prioridad en la agenda política de La Plata. La coalición opositora ha intensificado sus reclamos para que el Poder Legislativo trate de manera urgente una normativa que regule las fumigaciones, buscando poner fin a años de prórrogas y resoluciones judiciales temporales.
La urgencia cobró un nuevo impulso esta semana tras la decisión de la Suprema Corte de Justicia bonaerense de suspender las aplicaciones de fitosanitarios en Tandil y Rauch. El tribunal hizo lugar a una medida cautelar que restringe las fumigaciones cerca de viviendas, escuelas y cursos de agua, argumentando la necesidad de proteger la salud pública y el medio ambiente frente a la falta de una regulación provincial clara y uniforme.
Desde el bloque de la UCR-Cambio Federal sostienen que el Estado provincial no puede seguir postergando una solución definitiva. Los legisladores advierten que el actual escenario de «parches judiciales» genera una profunda incertidumbre jurídica. Mientras los productores temen por la viabilidad de sus cultivos si se imponen distancias de exclusión severas, las organizaciones ambientales y los residentes de zonas rurales exigen límites estrictos para evitar la exposición a químicos.
El conflicto tiene raíces en la gestión anterior de María Eugenia Vidal, cuya resolución sobre pautas de aplicación fue suspendida casi inmediatamente tras su aprobación por las críticas recibidas. Desde la llegada de Axel Kicillof al poder, el Ejecutivo ha prorrogado esta suspensión de forma sistemática. La última extensión, decidida hace apenas unos días, posterga una vez más la entrada en vigor de criterios unificados, a la espera de las conclusiones de mesas técnicas que parecen no llegar a un consenso final.
Para los observadores políticos, el desafío es mayúsculo. La provincia de Buenos Aires es el motor agrícola de Argentina, y cualquier restricción impacta directamente en la economía local. Sin embargo, el avance de la jurisprudencia a favor del principio precautorio —que obliga a actuar ante el riesgo de daño, incluso sin certeza científica absoluta— está acorralando a los legisladores.
En las próximas semanas, se espera que las comisiones de Asuntos Agrarios y Salud de la Legislatura bonaerense retomen el debate. La oposición busca que el oficialismo abandone la estrategia de la prórroga y acceda a discutir un proyecto de ley integral. Por ahora, el vacío legal sigue dejando la salud de los pueblos y la productividad del campo en manos de los jueces.
