La Casa Que No Abriga
Resulta casi una ironía cruel que un lugar denominado Casa de Abrigo, que debería ser sinónimo de refugio y seguridad, se vea envuelto en una denuncia por presunto abuso sexual de un menor. Un espacio que se supone destinado a brindar contención, cuidado y esperanza, es hoy señalado como el escenario de una tragedia, donde un niño, ya despojado de su hogar por circunstancias de vulnerabilidad, habría vuelto a ser víctima de violencia, esta vez bajo la supuesta protección del Estado. Lo que debía haber sido un lugar de resguardo se transformó en un escenario de desamparo.
Las funcionarias responsables de esta situación, María Alejandra Márquez (Secretaria de Desarrollo Comunitario) y Florencia Gómez (Subsecretaria del área), intentaron ofrecer explicaciones a través de los medios de comunicación. Hablaron de convenios, protocolos, supervisiones zonales, equipos técnicos, psicólogos, trabajadores sociales… términos que, bien empleados en los manuales de procedimientos, parecen sonar convincentes. Sin embargo, se desmoronan frente a la cruda realidad.
Porque, si ese entramado de controles y acompañamientos funcionara como prometen, un presunto abuso reiterado no podría haber tenido lugar. Mucho menos pasar inadvertido durante tanto tiempo, en un espacio que debe garantizar la vigilancia constante y el cuidado especializado de niños vulnerables.
No basta con alegar que «la persona denunciada fue apartada de su cargo» o que «el caso está bajo investigación». Eso es reaccionar tarde, cuando el daño ya estaría hecho. Y digo estaría porque la clave de bóveda será la Cámara Gesell quien determinará la verdad histórica y objetiva de los hechos denunciados.
El Estado no puede alegar desconocimiento
Cuando el sistema que debería proteger se convierte en el escenario de un abuso, la responsabilidad del Estado es directa. No existen intermediarios posibles: la Casa de Abrigo está bajo un convenio con el Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia y su gestión es municipal. Las funcionarias a cargo no pueden limitarse a ofrecer explicaciones sobre protocolos; deben rendir cuentas por los resultados de su gestión.
La ley es tajante: quien tiene la responsabilidad del cuidado de un menor y permite, ya sea por acción o por omisión, que sea abusado, incurre en responsabilidad penal. Si hubo negligencia en la supervisión, si no se actuó ante señales de alerta previas, si se permitió que un trabajador sin los controles necesarios permaneciera en contacto con niños vulnerables, entonces hay corresponsabilidad institucional.
Y esa responsabilidad alcanzarían -ahora corriendo el riesgo de ser reiterativo- de ser probado el hecho- tanto a Márquez como a Gómez, quienes ocupan altos cargos dentro del municipio. Los delitos potenciales van desde omisión de los deberes de custodia y encubrimiento, hasta abandono de persona agravado, dependiendo de lo que la investigación judicial logre confirmar.
Actualmente, la incriminación se encuentran bajo investigación en el marco de dos causas penales: IPP 09-00-016179/25 y IPP 09-0009854/25, que buscan esclarecer las responsabilidades individuales e institucionales en lo ocurrido dentro de la Casa de Abrigo.
La precariedad detrás del discurso
Durante su exposición, ambas funcionarias reconocieron una realidad alarmante: los cuidadores no son empleados municipales, sino contratados, y hasta se mencionó que sus salarios se abonan mediante cheques de terceros. Muchos de estos trabajadores ni siquiera están formalizados ni inscriptos como monotributistas.
¿Puede alguien en esa situación laboral, sin estabilidad, sin respaldo, con sueldos informales, asumir de manera responsable el cuidado de niños con historias de abandono y abuso?
La respuesta es obvia: no.
Pero, lamentablemente, el Estado municipal lo permitió. Y el Estado provincial lo convalidó.
Lo que se evidencia aquí no es solo un caso aislado de presunto abuso, sino un profundo problema estructural que pone en evidencia la precariedad del sistema que debe garantizar la protección de los más vulnerables. Y esa precariedad, en todos los sentidos, no puede seguir siendo la excusa para justificar el sufrimiento de niños que, por derecho, deben ser protegidos.
Hoy, más que nunca, la palabra del niño debe ser escuchada. Porque en sus voces, aunque calladas por el miedo, podria estar la verdad. Y si hay algo que no se puede eludir, es la responsabilidad que le corresponde a quienes tienen el deber de custodiar y proteger.
