De la Quinta de Olivos al Palacio Municipal y el Juzgado de Paz Letrado de 9 de Julio, la historia fue la misma: amigos, hijos, socios o parientes, todos con lugar asegurado en el Estado. En la Argentina que pregona el mérito, la confianza personal siguió siendo la clave del poder. Y en 9 de Julio, como en muchos otros lugares del país, la política estuvo marcada por los mismos vínculos de siempre.
No hubo distancia entre el poder nacional y el local cuando se trató de acomodar a los propios. Cambiaron los nombres, cambiaron los cargos, pero la trama fue idéntica. A nivel nacional, el ministro de Economía, Luis Caputo, defendió que sus hijos trabajaran «gratis por la patria» mientras mantenían vínculos con fondos y bancos privados. En 9 de Julio, el Juez de Paz Alejandro Casas logró que su amigo, Félix Jorge Martínez, fuera designado secretario del Juzgado en tiempo récord, con recursos públicos. Y en el Palacio Municipal, Mariano Barroso, quien fue intendente durante dos períodos consecutivos (2015-2023), se enfrentó a un panorama similar, con familiares ocupando cargos claves en la administración local.
Distintas escalas, mismo mecanismo
La política y la justicia en Argentina parecieron regirse por una misma máxima: el poder no se comparte con desconocidos. Casas y Martínez fueron viejos conocidos; ambos se asistieron mutuamente en diferentes momentos, y su amistad allanó el camino para un nombramiento resuelto con una rapidez poco común. Lo mismo sucedió en el municipio de Barroso, donde sus familiares más cercanos, como su esposa Julia Menéndez, su tía y su cuñada y varios amigos, ocuparon importantes cargos municipales. La rapidez con la que se colocaron en el gobierno local parecía ser la misma que en el Juzgado de Paz: para algunos, todo volaba, mientras que para los ciudadanos comunes todo se frenaba. Mientras tanto, se presentaron ante la comunidad como defensores de la ética y la transparencia, cuando lo cierto es que la práctica del nepotismo siguió estando vigente en cada rincón del poder.
El caso “Triaca” abrió una caja de Pandora y obligó a los dirigentes a mirar hacia adentro. La resolución de Macri —prohibiendo familiares en el Estado— fue más un golpe de efecto que una decisión meditada. Mientras la administración nacional se esforzaba por vender una imagen de ética y meritocracia, el nepotismo siguió firme, disfrazado de confianza o eficiencia. Las promesas de «cambio» se desvanecieron cuando la práctica del acomodo de familiares se mantuvo intacta.
En 9 de Julio, el intendente Mariano Barroso se encontró ante el mismo espejo. Su esposa, Julia Menéndez, su tía y su cuñada ocuparon cargos municipales, y la situación no se limitó a su entorno cercano. Concejales, secretarios y funcionarios de distintos partidos también se vieron involucrados en el mismo patrón: Paolo Barbieri y su esposa en Anses, Fernando Valinoti y su hija en el Juzgado de Faltas, Ricardo Merlo y su mujer en la Secretaría de Trabajo, entre tantos otros. La situación fue clara: no hubo partido político que quedara exento de esta práctica. “El que esté libre de familiares en el Estado que tire la primera piedra”.
Mientras los discursos oficiales exaltaban la meritocracia y el esfuerzo, la realidad siguió gobernada por la lógica de los vínculos. El apellido, la amistad o la cercanía valían más que los antecedentes o los concursos. En 9 de Julio, el secretario Félix Jorge Martínez ocupó el despacho contiguo al del juez que lo promovió. En la Capital, los hijos del ministro continuaron participando de reuniones oficiales. En 9 de Julio, Barroso enfrentó la presión interna y externa sobre el nepotismo en su gestión, pero no pareció estar dispuesto a cortar con esta práctica. De un lado y del otro, el mismo reflejo: todo quedaba en familia.
El panorama se repitió una y otra vez. En este país, cambian los protagonistas, pero el guion sigue siendo eterno. El nepotismo, disfrazado de confianza, continua dominando, ya sea en la esfera nacional, provincial o municipal.
