El presidente Javier Milei anticipó que, apenas pasadas las elecciones nacionales, evaluará el nuevo mapa político para avanzar con las llamadas “reformas de segunda generación”, entre ellas la laboral y la tributaria. Lo dijo en su discurso en la planta de Sidersa, en San Nicolás, propiedad del grupo Techint de Paolo Rocca. Allí ratificó que el Gobierno buscará revisar los convenios colectivos, permitir jornadas de hasta doce horas y limitar los créditos derivados de juicios laborales.
La Casa Rosada evalúa cada voto y busca apoyos para sumar fuerza parlamentaria. En paralelo, el ministro de Economía, Luis Caputo, replicó el mensaje ante los empresarios reunidos en el Coloquio de IDEA: la competitividad perdida por la apertura comercial y el atraso cambiario será compensada, dijo, con una baja de costos laborales e impositivos. El mismo razonamiento guía las conversaciones con el Tesoro de Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional, que vienen advirtiendo sobre el impacto del tipo de cambio en la balanza de pagos y la capacidad del país para acumular reservas y cumplir sus compromisos.
En los despachos oficiales descuentan que, tras el 27, podría concretarse una doble jugada: una corrección del dólar que elimine las bandas cambiarias y un relanzamiento de la ofensiva sobre la legislación laboral. Lo reclama el empresariado y también Washington, que apuesta a un resultado electoral que permita sostener la estrategia norteamericana de influencia regional y aliviar la presión política por el financiamiento al gobierno argentino.
Cuando Milei habla de una “verdadera” reforma laboral, marca distancia respecto de los cambios introducidos en la Ley Bases, que consideró apenas un punto de partida. Aquella norma, aprobada con apoyo de buena parte de la oposición, incluso del peronismo dialoguista, ya representó un avance histórico de las patronales: se eliminaron las sanciones a empleadores que no registren personal, se legalizó la contratación por servicios sin presunción de relación de dependencia, se flexibilizó el empleo público y se habilitaron descuentos por días de paro. Además, se incorporó la “grave injuria laboral”, que criminaliza tomas o bloqueos en fábricas y permite despidos con causa.
La nueva etapa apunta a lo que no logró incluirse en la Ley Bases ni en el DNU 70/23, frenado por la Justicia. El borrador, impulsado por la diputada santafesina Romina Diez, retoma los puntos centrales del proyecto que Federico Sturzenegger había preparado durante el gobierno de Mauricio Macri. Aunque desde Capital Humano aseguran que aún se trabaja en su versión definitiva, el texto avanza sobre la ultraactividad de los convenios, fija un banco de horas flexible y propone una indexación limitada para los créditos laborales, contraria a la jurisprudencia vigente.
El cambio de fórmula implica, en los hechos, un beneficio financiero para las empresas: podrán demorar el pago de indemnizaciones y colocar esos fondos en inversiones más rentables que la actualización prevista por el proyecto. Un diferencial garantizado que, según críticos, premia la demora y alienta el incumplimiento patronal.
El esquema incluye beneficios fiscales para quienes incorporen beneficiarios de planes sociales o empleados públicos desplazados, en un formato que combina flexibilización y subsidio al sector privado. Milei, en su discurso en San Nicolás, subrayó dos objetivos: revisar todos los convenios colectivos y poner fin a los “caranchos laboralistas”. La ofensiva cuenta con respaldo de parte del empresariado y con la mirada atenta de la CGT, que sigue el proceso a través del titular de la UOCRA, Gerardo Martínez, presente en las reuniones del llamado Consejo de Mayo.
El tablero político se redefine y el Gobierno mide sus fuerzas. Detrás de la retórica libertaria, el mandato que Milei busca cumplir parece claro: satisfacer las demandas del poder económico local y los compromisos asumidos con Washington y el FMI.
