En una medida que refuerza el perfil privatizador de su gestión, el presidente Javier Milei dio luz verde a la venta total de las acciones de cuatro complejos hidroeléctricos estratégicos del país. Se trata de Alicurá, El Chocón-Arroyito, Cerros Colorados y Piedra del Águila, represas que aportan cerca del 20% de la generación hidráulica nacional y que, hasta ahora, estaban bajo control estatal.
Con la publicación de la Resolución 1569/2025 en el Boletín Oficial, el Ministerio de Economía habilitó una nueva circular modificatoria del concurso internacional que permitirá avanzar con la adjudicación de estas centrales a manos privadas por un período de 30 años, prorrogable. La resolución introduce cambios clave en el Pliego de Bases y Condiciones, y acelera un proceso que el Gobierno pretende culminar antes de fin de año.
La decisión se inscribe en el marco de la estrategia de reforma estructural del sector público que Milei comenzó en 2024. Aquel año, mediante el Decreto 718, se crearon cuatro sociedades anónimas con mayoría accionaria de Energía Argentina (Enarsa) y participación minoritaria de Nucleoeléctrica Argentina (NASA) para administrar transitoriamente las represas, ante el vencimiento de las concesiones privadas que databan de los años ’90.
Más tarde, en abril de 2025, el Decreto 286 habilitó la privatización total de Enarsa, bajo un modelo de fragmentación por unidad de negocio: gas, petróleo, energía térmica e hidroeléctrica. Finalmente, en agosto, el Decreto 590/2025 transfirió las acciones de estas sociedades a la Secretaría de Energía y habilitó su venta mediante un concurso público nacional e internacional sin precio base mínimo.
Las cuatro represas están ubicadas en la cuenca de los ríos Limay y Neuquén, en las provincias de Río Negro y Neuquén. Además de su peso en la matriz energética, estos complejos cumplen funciones estratégicas: regulan el caudal de ríos, abastecen sistemas de riego agrícola, influyen en el abastecimiento de agua potable y son claves para el turismo regional.
Para el oficialismo, la venta permitirá reducir el déficit fiscal y transferir al sector privado la responsabilidad de operación, mantenimiento y seguridad ambiental, bajo un régimen concesionario que establece el pago de un canon anual al Estado.
Sin embargo, especialistas advierten que las cláusulas del contrato, aún sin publicarse en su totalidad, dolarizan los ingresos que recibirán las empresas y los ajustan según la inflación estadounidense, lo que podría derivar en litigios internacionales en caso de crisis macroeconómicas.
Voces críticas
El proceso no está exento de tensiones. Desde el plano político, los gobiernos de Neuquén y Río Negro manifestaron su rechazo a la reprivatización. El gobernador neuquino Rolando Figueroa lamentó que el Estado nacional avanzara de forma unilateral, sin abrir instancias de diálogo para construir un nuevo esquema federal de administración de recursos hídricos.
En la misma línea, funcionarios de Río Negro señalaron que las represas afectan intereses provinciales no sólo por su ubicación geográfica, sino por su impacto directo en los caudales que alimentan ríos, comunidades y actividades productivas locales.
A su vez, sectores técnicos y sindicales cuestionan la celeridad y falta de transparencia del proceso. El exsubsecretario de Energía, Federico Basualdo, advirtió que los contratos dolarizados y atados a variables extranjeras pueden resultar inviables:
“Es una privatización con consecuencias estructurales y un beneficio muy coyuntural. Vamos rumbo a un litigio en sede extranjera si las condiciones se deterioran”.
El marco legal que habilita esta privatización es la Ley 23.696, sancionada en 1989 durante el gobierno de Carlos Menem, que permite al Ejecutivo vender activos del Estado bajo el argumento de mejorar su eficiencia. Es la misma herramienta legal utilizada para privatizaciones masivas durante los años ’90.
La decisión de Milei de utilizar este modelo ha sido interpretada como un retorno doctrinario al neoliberalismo clásico, aunque sin el consenso político que acompañó aquellas reformas en su momento. Hoy, en un país federalizado y con recursos naturales administrados en forma concurrente por Nación y provincias, la resistencia local aparece como un factor determinante.
La venta de las represas del Comahue es mucho más que una operación económica: es una decisión de fondo sobre el modelo de desarrollo, el rol del Estado y el control de los recursos naturales. Si bien el Gobierno asegura que habrá regulaciones ambientales y de mantenimiento, aún no hay estudios técnicos públicos que respalden el alcance y la viabilidad de las nuevas concesiones.
El desenlace de este proceso será un test clave para medir la capacidad del oficialismo de imponer su programa económico frente a resistencias locales, y también una oportunidad para debatir en profundidad cuál debe ser el modelo energético argentino del siglo XXI: ¿uno centralizado, liberal y concesionado, o uno federal, público y con participación territorial?
