Cuando el poder político desobedece a la justicia: Valinoti, un fallo firme y una institucionalidad en jaque
La firmeza de una condena judicial no admite interpretación política. Su cumplimiento no es una decisión administrativa ni un gesto de buena voluntad del poder político local: es una obligación legal, institucional y moral. Sin embargo, en 9 de Julio, esa verdad elemental parece haberse desdibujado entre discursos evasivos, silencios cómplices y maniobras de encubrimiento funcional.
El informe del 19/09/2025 a las 10:54:08 remitido por el Juzgado Correccional N°3 de Mercedes en la causa ME-1760-2020-7986, caratulada “Valinoti María Florencia s/ falsedad ideológica de instrumento e incumplimiento de los deberes de funcionario público”, confirma un dato irreversible: la condena dictada el 9 de febrero de 2023 contra la Jueza de Faltas de 9 de Julio ha quedado firme, tras un largo recorrido por todas las instancias judiciales de la provincia de Buenos Aires, incluida la Suprema Corte. No hay recursos pendientes. No hay lugar a interpretación. Hay una sentencia condenatoria que debe cumplirse ya.Y sin embargo, la funcionaria condenada sigue en funciones.
La retórica del poder: Gentile y Malis frente a la legalidad
Frente a este escenario, la respuesta política del oficialismo local ha sido tan desconcertante como preocupante. La intendenta María José Gentile ha optado por el silencio intermitente o frases genéricas sobre evitar “disputas estériles” o priorizar “la institucionalidad”. El presidente del Concejo Deliberante, Sebastián Malis, ha relativizado las facultades del cuerpo deliberativo para actuar y se ha refugiado en explicaciones reglamentarias. Pero ninguno de ellos ha asumido lo esencial: el municipio está desobedeciendo un fallo judicial firme.
Se trata de una sentencia que no sólo condena penalmente a Valinoti, sino que habilita —e incluso exige— la apertura de nuevas investigaciones en el marco de la Unidad Fiscal especializada en Violencia Institucional (Ley 14.687). La jueza Bomaggio emitió un informe categórico e irrefutable y la Procuración General respaldó la instrucción de la Unidad Funcional de Instrucción N° 1 del Departamento Judicial de Mercedes a cargo del Agente Fiscal Lisandro Emanuel Masson. IPP 09-00-004413/25 caratulada BORDONE JULIO JESUS S/DENUNCIA. Es decir, no estamos ante una opinión judicial. Estamos ante una orden.
Firmeza judicial vs. complicidad política
Los argumentos esgrimidos por el oficialismo local para justificar la inacción rayan lo absurdo:
Se habla de “esperar procedimientos” cuando el último recurso fue desestimado por la Suprema Corte Provincial el 1 de julio de 2025.
Se insinúa que el Concejo no tiene potestad para actuar, cuando sí tiene el deber de fiscalizar al Ejecutivo y exigir explicaciones claras y públicas.
Se alude a un impedimento operativo, pero el cumplimiento de una sentencia judicial no puede quedar supeditado a criterios discrecionales: se trata de un mandato legal que debe ser ejecutado sin dilaciones.
La permanencia de Valinoti en su cargo pese a estar condenada por falsedad ideológica e incumplimiento de sus deberes no sólo es una anomalía institucional: es un escándalo jurídico.
Si la condena incluyó —como trascendió— la inhabilitación para ejercer cargos públicos por tres años, entonces cada día que Valinoti siga firmando resoluciones desde su despacho de la calle Hipolito Irigoyen, el municipio incurre en una nueva ilegalidad. Y si se busca dilatar su salida bajo argumentos técnicos, administrativos o políticos, el mensaje es claro: en 9 de Julio, el poder político local se cree por encima de la ley.
El silencio también delinque
En contextos como este, el silencio institucional no es neutral: es funcional a la impunidad.
La ciudadanía no necesita más declaraciones edulcoradas ni gestos simbólicos. Necesita que los funcionarios públicos respeten las reglas del juego democrático. Y que cuando la justicia habla —como lo hizo en este caso—, el poder político escuche, obedezca y actúe.
El Concejo Deliberante no puede escudarse en tecnicismos. Tiene la obligación de exigir al Ejecutivo municipal el cumplimiento inmediato de la sentencia. Puede —y debe— solicitar informes, abrir comisiones especiales de seguimiento, presentar pedidos formales ante la justicia provincial y, si corresponde, impulsar acciones de amparo o de intervención administrativa. Si el Concejo no actúa, será cómplice. Si los concejales miran para otro lado, también serán responsables.
¿Qué está en juego?
No se trata sólo del cargo de una jueza condenada. Se trata de algo mucho más grave: la credibilidad del sistema institucional de 9 de Julio.
¿Puede un gobierno local ignorar un fallo firme sin consecuencias?
¿Puede un poder político encubrir a una funcionaria condenada sin perder legitimidad?
¿Puede el silencio institucional sustituir el imperio de la ley?
Las respuestas a esas preguntas definen si vivimos bajo una república o bajo un feudo. Y en 9 de Julio, la línea que divide una cosa de la otra es cada vez más fina.
El Lobo
