Por Redacción Extra Digital
El caso que involucra a Diego Spagnuolo, ex director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), representa una encrucijada crítica entre el derecho penal y la política de alto nivel en Argentina. Iniciado por la filtración de audios privados que aludían a un presunto esquema de sobornos, el escándalo ha evolucionado con rapidez hacia una investigación judicial formal, con evidencia tangible y la implicación de figuras centrales del actual gobierno. Esta situación confronta directamente la narrativa fundacional de la administración en el poder, basada en la lucha contra la «casta» y la corrupción.
La figura central en esta coyuntura es la potencial adhesión de Spagnuolo al régimen de la Ley del Arrepentido (Ley 27.304). Este mecanismo legal, diseñado para desmantelar estructuras criminales desde adentro, ofrece a Spagnuolo una vía para negociar su situación judicial a cambio de información que podría comprometer a la cúpula del poder político. El dilema que enfrenta es profundo: para obtener beneficios, debe admitir su propia participación en el ilícito. Al mismo tiempo, su rol previo como confidente y abogado personal del presidente, con acceso privilegiado a la Casa Rosada y Olivos, dota a sus acusaciones de un peso que no provendría de un adversario político tradicional.
Vínculos con el Poder
Diego Spagnuolo fue una figura de peso dentro del círculo íntimo del presidente Javier Milei. Su vínculo no era meramente institucional, sino que se extendía al ámbito personal, habiendo sido abogado del presidente y uno de los cuatro funcionarios con mayor cantidad de visitas a la Quinta de Olivos. Esta proximidad al poder le otorgaba un status de confidente, lo que hace que la trascendencia de sus acusaciones tenga un alcance significativamente mayor que la de un crítico externo. Los audios filtrados, en los que Spagnuolo presuntamente describe un esquema de corrupción y luego afirma que se lo había notificado al propio presidente, transforman el escándalo de un ataque partidario a una crisis de confianza dentro del núcleo del poder.
El Esquema de Sobornos: De la ANDIS a la Droguería Suizo Argentina
Las acusaciones centrales giran en torno a un presunto esquema de sobornos o “coimas” en la ANDIS, específicamente en la compra de medicamentos para personas con discapacidad. Según los audios atribuidos a Spagnuolo, la red de corrupción movía entre 500.000 y 800.000 dólares mensuales, y el porcentaje de soborno habría aumentado del 5% al 8%. En este esquema, la Droguería Suizo Argentina, con la que nueve provincias tenían contratos por casi $50.000 millones, es señalada como la supuesta intermediaria o «recaudadora» de los fondos ilícitos. Esta empresa, cuyo crecimiento en facturación superó el 2600% en el último año, aparece como un actor clave en la trama de la investigación judicial.
Los audios filtrados implican directamente a la hermana del presidente, Karina Milei, y a su principal operador político, Eduardo «Lule» Menem. Spagnuolo afirma que le contó al presidente sobre los presuntos manejos y que su hermana Karina supuestamente se quedaba con el 3% de los sobornos. También se señala a Daniel Garbellini, ex director de Acceso a los Servicios de Salud, como la persona puesta para recaudar los fondos. Las grabaciones también exponen las frustraciones de Spagnuolo con otros funcionarios de la gestión, como Sandra Pettovello, quien presuntamente lo «dejó expuesto» ante los Milei y Menem, lo que parece haber provocado el resentimiento subyacente que motivó el tenor de sus declaraciones privadas.
Dilema Spagnuolo
La crisis se desencadenó con una velocidad notable. Tras la difusión de los audios por el periodista Mauro Federico , el gobierno destituyó a Spagnuolo. A continuación, el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello ordenaron de inmediato 15 allanamientos simultáneos. Los hallazgos fueron cruciales: la policía incautó dos teléfonos celulares de Spagnuolo, junto con una máquina de contar billetes. En un domicilio del country Nordelta, los investigadores encontraron a Emmanuel Kovalivker, uno de los directivos de la droguería señalada, con cerca de 200.000 doólares en sobres y con anotaciones en el auto. Estos hallazgos de dinero en efectivo y dispositivos tecnológicos han proporcionado a la justicia una base de pruebas tangibles para corroborar las acusaciones de los audios. La investigación se ha extendido incluso a las administraciones de los barrios privados para buscar registros y cámaras de seguridad.
La posición actual de Spagnuolo es estratégica y precaria. Sus allegados han manifestado que «tiene miedo de vida» y que se siente solo y traicionado por el gobierno, que presuntamente le había ofrecido abogados que él rechazó. Este contexto de temor y abandono ha colocado a la figura del arrepentido como su opción más viable. Al colaborar con la justicia, Spagnuolo podría negociar una reducción de su pena a cambio de proporcionar información y evidencia que comprometa a las figuras más prominentes que él mismo ha señalado. Esta decisión representaría un quiebre total con el gobierno y un reconocimiento de su propia participación en el ilícito. La alternativa, alinearse con la defensa oficial y minimizar sus audios como un simple «boqueo» (es decir, una bravuconada), parece haber sido descartada.
Una de las particularidades de su situación legal es que, al momento de redactar este informe, Spagnuolo aún no está formalmente imputado. Esta situación es crucial, ya que si decide presentarse como arrepentido, lo haría de manera voluntaria, admitiendo su participación en un delito antes de que la justicia haya reunido todas las pruebas necesarias para incriminarlo. Esto contrasta con la posición de otros señalados, como Emmanuel Kovalivker, quien fue hallado con grandes sumas de dinero y se encuentra en una situación judicial más comprometida. Para Spagnuolo, la decisión de colaborar es un cálculo estratégico: es un paso proactivo para anticiparse a una potencial acusación formal y obtener una posición de fuerza en la negociación de su pena, un movimiento que solo es posible bajo el marco de la Ley del Arrepentido.
Control de daños
La respuesta del gobierno ha sido descrita como una estrategia de «control de daños». Sin embargo, esta ha sido contradictoria y fragmentada. Mientras el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, optó por la prudencia, afirmando que «la justicia tiene que resolver» y que él «no pone las manos en el fuego por ningún funcionario», el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, salió en una defensa vehemente de su primo «Lule» y de Karina Milei, calificando el caso como una «monumental operación» a dos semanas de las elecciones. La reacción más notable, sin embargo, ha sido el «espeso silencio» del presidente Javier Milei y de su hermana Karina, quienes se mantuvieron activos en redes sociales y participaron en actos sin hacer referencia directa al escándalo. Esta inacción y falta de una voz unificada sugieren que el gobierno ha perdido el control del relato y ha cedido el terreno a la justicia y a la opinión pública.
El escándalo golpea directamente la médula del discurso político de la administración actual, que se ha posicionado como una fuerza anticorrupción y «anticasta». Las acusaciones, provenientes de un ex confidente del presidente, sugieren que la corrupción no es un mal ajeno al gobierno, sino que podría estar arraigada en su círculo más íntimo. En este contexto, la falta de una figura sacrificable, de un «fusible» político, se convierte en una vulnerabilidad. La implicación de Karina Milei y «Lule» Menem, quienes son considerados los «arquitectos» de La Libertad Avanza, deja a la administración sin un mecanismo de autodefensa tradicional, ya que cualquier daño a ellos impacta directamente en la credibilidad del presidente.
Reacciones de la Opinión Pública y el Congreso
El impacto del caso ha sido masivo en la opinión pública. Una encuesta de Management & Fit reveló que el 94.5% de los argentinos conoce el caso, el 73.2% lo considera «muy grave» y el 81% exige una explicación pública del presidente. Esta demanda directa a la figura presidencial indica que la estrategia del silencio no ha logrado contener la crisis de credibilidad. La oposición, por su parte, ha utilizado el escándalo en el ámbito político. Figuras como la ex presidenta Cristina Kirchner han aprovechado la situación para criticar la gestión, mientras que en el Congreso se ha explorado la posibilidad de conformar una comisión investigadora, lo que podría intensificar la presión sobre el oficialismo.
Futuro incierto
El “Coimasgate”, como ya se lo denomina mediatícamente, es un claro ejemplo de la interconexión entre el poder y la justicia. Lo que comenzó como un escándalo mediático ha desencadenado una investigación seria con evidencia tangible que podría derivar en consecuencias institucionales de gran calado. La figura del arrepentido no es solo una herramienta legal para Spagnuolo; es una amenaza existencial para un gobierno cuyo capital político reside en su promesa de erradicar la corrupción. Si Spagnuolo formaliza su acuerdo de colaboración y su testimonio es validado por las pruebas obtenidas, la causa podría escalar y llevar a imputaciones formales contra figuras del más alto nivel político.
Este escándalo pone a prueba la sostenibilidad del relato oficial y la capacidad del gobierno para sobrevivir a una crisis que emana de su propio círculo íntimo. La Ley del Arrepentido, diseñada precisamente para estos escenarios, se muestra como un instrumento robusto capaz de romper los pactos de silencio más férreos. El desenlace del caso Spagnuolo no solo definirá el destino de los acusados, sino que también calibrará la resistencia y la credibilidad de la actual administración ante su electorado y la sociedad en general.
