La Municipalidad de Nueve de Julio emitió, a raíz de la renuncia del Director de Gestión Ambiental Marcelo Unsain —quien duró poco más de una semana en el cargo—, un comunicado oficial que merece ser leído con atención. No por lo que dice sino por lo que revela. El texto municipal habla de «permanente campaña de hostigamiento, agravios y cuestionamientos impulsados por sectores que eligieron centrar su accionar en ataques personales antes que en el debate serio de las políticas públicas«. Traduzca el lector: la prensa hizo su trabajo. La ciudadanía se informó. El municipio llama a eso hostigamiento.
La trampa del argumento
En otra parte del comunicado, se dice que «pretender imponer una condena social perpetua, aun después de haber cumplido con la resolución judicial, constituye una práctica antidemocrática, discriminatoria y contraria a los valores de una sociedad que cree en la reinserción y en las segundas oportunidades».
Nadie discutió el derecho de Unsain a reinsertarse socialmente. Ese derecho existe y nadie lo negó. Lo que se discutió —lo que el municipio deliberadamente confunde— es la decisión de designarlo en un cargo de función pública con alta exposición institucional, en el mismo período en que el debate legislativo sobre Ficha Limpia volvía a primera plana en toda la provincia. La reinserción laboral de un particular es una cosa. El acceso a la función pública con antecedentes de condena por abuso de autoridad, falsificación de documento público y lesiones graves en ejercicio del cargo policial es, jurídicamente, otra muy distinta. El municipio los trata como si fueran lo mismo. No lo son.
La omisión que lo dice todo
Pero hay algo más grave que el error de designación. Algo que el comunicado oficial pasa por alto con una comodidad que debería incomodar a cualquiera: cuando la Intendente nombró a Unsain, el comunicado oficial de la municipalidad describió su trayectoria con detalle —técnico en seguridad e higiene, experiencia en gestión operativa, logística pesada, procesos industriales— y no dijo una sola palabra sobre la condena civil y penal firme. Ni una. Si la gestión realmente cree en las segundas oportunidades y en la reinserción, si considera que el pasado de Unsain no era un impedimento legítimo para el cargo, entonces la respuesta correcta era exactamente la contraria: blanquearlo desde el primer día. Presentar a Unsain, explicar su historia, hacerse cargo públicamente de la decisión y defenderla con argumentos. Bancarlo. Eso se llama hacerse cargo.
No lo hicieron. Eligieron el silencio. Y ese silencio no fue inocente: fue el silencio de quien sabe que la información, de haber salido por boca propia, hubiera generado exactamente el debate que después salió por boca ajena. La diferencia es que, si lo hubieran blanqueado ellos, al menos ese debate hubiera sido limpio. Al ocultarlo, lo que queda no es una gestión que apuesta por la reinserción. Es una gestión que apostó a que nadie mirara.
La cobertura que se evaporó
El comunicado dice que Unsain contaba con «la formación, la experiencia y el compromiso necesario para cumplir las responsabilidades que le fueron encomendadas«. Si eso es así, la pregunta obvia es: ¿por qué renunció en poco más de una semana? ¿Acaso la formación y el compromiso se evaporan ante el primer escrutinio público? Lo que se evaporó, en realidad, fue la cobertura política. Y eso no es responsabilidad de quienes informaron. Es responsabilidad de quienes designaron sin avisar y sin bancarse las consecuencias.
La gestión municipal no nombra al responsable del error —porque eso implicaría admitir que hubo error— y en cambio corrió el foco hacia afuera. Es una operación clásica: cuando el diagnóstico interno incomoda, se construye un enemigo externo. Pero el enemigo externo, en este caso, fue simplemente el registro público de una causa judicial firme. Los hechos no son hostigamiento. Son hechos.
Lo que queda después de este episodio no es solo la imagen de un funcionario que duró poco más de una semana. Lo que queda es la confirmación de que en el municipio de Nueve de Julio se nombra primero y se piensa después. Cuando se piensa. Y cuando la falla queda expuesta, la respuesta institucional no es la autocrítica sino la victimización. Una gestión que se presenta como moderna y orientada a derechos debería saber que transparencia y rendición de cuentas no son hostigamiento. Son la condición básica de la democracia republicana. Si eso incomoda, el problema no está afuera.
