Crece el debate por el veto a las redes sociales para menores
El Reino Unido ha dado un paso firme en su intención de transformar radicalmente la relación de los adolescentes con el mundo digital. Tras el histórico precedente sentado por Australia, el Gobierno británico ha iniciado una consulta formal para evaluar la prohibición del acceso a redes sociales a menores de 16 años. La medida, que cuenta con un creciente respaldo en la Cámara de los Lores, busca combatir lo que ministros y expertos describen como una «epidemia de salud mental» vinculada al diseño adictivo de plataformas como TikTok, Instagram y Snapchat.
El primer ministro, Keir Starmer, ha señalado que «todas las opciones están sobre la mesa», sugiriendo que el país podría adoptar un modelo de «línea dura» similar al australiano. Esta postura responde a una presión social sin precedentes: más de 100.000 ciudadanos han firmado peticiones exigiendo una regulación estricta, impulsados por casos trágicos de ciberacoso y el impacto del «scroll infinito» en la capacidad de concentración de los estudiantes. En los colegios británicos, la prohibición de los teléfonos móviles ya es una realidad establecida para intentar recuperar el espacio educativo de las distracciones digitales.
Efecto dominó en el escenario global
La iniciativa británica no es un hecho aislado, sino el síntoma de un cambio de paradigma global. Desde Europa hasta Oceanía, los gobiernos están abandonando la autorregulación de las empresas tecnológicas en favor de leyes nacionales vinculantes.
Francia ya avanza en restricciones para menores de 15 años bajo el concepto de combatir el «veneno lento» digital, mientras que el Parlamento Europeo debate marcos comunes para limitar las funciones adictivas de las aplicaciones.
Las grandes compañías tecnológicas, por su parte, observan con recelo. Meta y Google han comenzado a implementar cierres masivos de cuentas que no cumplen con los requisitos de edad, pero advierten que prohibiciones totales podrían empujar a los jóvenes hacia rincones menos regulados de la web. La batalla técnica ahora se centra en los métodos de verificación de edad: desde el escaneo biométrico hasta el uso de documentos de identidad, soluciones que abren un nuevo debate sobre la privacidad de los datos personales.
Argentina, entre la protección y el acceso
En Argentina, el debate ha comenzado a ganar tracción institucional, aunque con un enfoque centrado en la protección de datos y la verificación de identidad más que en una prohibición total. La Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP) ha firmado acuerdos internacionales para fortalecer los estándares de verificación de edad, buscando garantizar que los menores habiten entornos digitales seguros por defecto.
Actualmente, existen proyectos legislativos que proponen un esquema escalonado: prohibición absoluta por debajo de los 14 años, acceso con consentimiento parental verificable entre los 14 y 16 años, y libertad de uso a partir de los 16 años bajo configuraciones de privacidad estrictas.
A diferencia del Reino Unido, donde el enfoque es principalmente de salud pública y seguridad escolar, en Argentina la discusión está fuertemente ligada a la prevención del grooming y la protección contra las apuestas online, un fenómeno que ha crecido de manera alarmante entre los adolescentes locales.
Mientras el Reino Unido define si se convierte en el próximo país en «desconectar» a su juventud, el resto del mundo observa de cerca. Lo que comenzó como una preocupación de padres y educadores se ha transformado en un desafío soberano frente al poder de los algoritmos de Silicon Valley.
