En las últimas horas, se confirmó el cierre de diversas Agencias de Extensión Rural (AER) del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y una nueva ola de despidos en el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), medidas que han generado una profunda preocupación en los sectores regionales.
El Consejo Directivo del INTA aprobó la clausura de 14 dependencias clave distribuidas principalmente entre las provincias de Buenos Aires y Córdoba. Esta decisión se enmarca en un plan de reorganización institucional que busca reducir la presencia territorial del organismo para centralizar recursos. En territorio bonaerense, las bajas afectan a comunidades con un fuerte perfil agroindustrial. En la región norte, las sedes de Vedia y Rojas dejarán de operar, mientras que en el sur de la provincia el recorte es aún más drástico, con el cierre de oficinas en Laprida, General La Madrid, Benito Juárez, Lobería, Otamendi, Necochea, Balcarce, Mayor Buratovich y Saladillo.
Estas agencias cumplen un rol fundamental como nexo entre la investigación científica y los productores locales, brindando asesoramiento técnico y transferencia de tecnología que permite mejorar la eficiencia de las cosechas. La eliminación de estos puntos de atención territorial supone, según expertos del sector, un riesgo para el desarrollo productivo de las pequeñas y medianas empresas agropecuarias que dependen de la asistencia estatal para innovar en sus procesos.
Paralelamente, la tensión se ha trasladado al Servicio Meteorológico Nacional. El organismo, responsable de emitir alertas tempranas y monitorear el cambio climático, enfrenta una reducción significativa de su personal. Los trabajadores del sector han denunciado que estos despidos no solo afectan la estabilidad laboral, sino que comprometen la operatividad del sistema de alertas en un momento de creciente inestabilidad climática. La provincia de Buenos Aires, frecuentemente afectada por inundaciones y sequías extremas, depende críticamente de la precisión de estas estaciones para la planificación de la seguridad civil y la actividad económica. Una de las esatciones en peligro es la de 9 de Julio. Desde el gobierno nacional se defiende la medida como una etapa necesaria de la «motosierra» fiscal, orientada a eliminar estructuras que consideran burocráticas o ineficientes. Sin embargo, gremios y sectores vinculados a la ciencia advierten que este debilitamiento institucional podría tener costos a largo plazo mucho mayores que el ahorro inmediato de presupuesto.
