La Confederación General del Trabajo (CGT) subió el tono de su confrontación con el gobierno de Javier Milei, advirtiendo que existen las condiciones necesarias para convocar a una huelga nacional de 24 horas. Esta medida de fuerza busca ejercer presión directa sobre la Cámara de Diputados, donde próximamente se debatirá el proyecto de reforma laboral que ya obtuvo media sanción en el Senado.
Cristian Jerónimo, cosecretario general de la central obrera, manifestó que existe un consenso colectivo entre los diversos sectores gremiales para avanzar hacia un paro contundente. Según el dirigente, el objetivo es lograr el mayor grado de acatamiento posible para enviar un mensaje claro a los legisladores sobre la inviabilidad del proyecto en su redacción actual. La cúpula sindical tiene previsto formalizar su estrategia este lunes en una reunión del Consejo Directivo que debió ser adelantada ante la creciente inquietud en las bases.
El eje del conflicto radica en el carácter «regresivo» que la CGT atribuye a la iniciativa oficialista. Los representantes de los trabajadores sostienen que el texto vulnera principios constitucionales y derechos adquiridos, destacando con especial preocupación las modificaciones en el régimen de licencias por enfermedad o accidentes ajenos al trabajo. La central advierte que, de aprobarse tal como está, la reforma podría derivar en una reducción de la cobertura salarial y en una ola de impugnaciones judiciales por inconstitucionalidad.
La presión sobre el Congreso no proviene únicamente de la conducción central. Sectores más combativos, agrupados en el Frente de Sindicatos Unidos y gremios del transporte, ya han comenzado a coordinar movilizaciones hacia el Congreso para el día en que se inicie el debate en el recinto. Mientras el sector dialoguista de la CGT intentó agotar las instancias de negociación con los bloques parlamentarios, la aceleración de los tiempos legislativos parece haber volcado la balanza hacia la confrontación directa.
Por su parte, el Gobierno defiende el proyecto como una pieza fundamental de su plan de modernización económica, argumentando que las nuevas normativas dinamizarán el mercado de trabajo. Sin embargo, para la CGT, cualquier reforma de esta magnitud debería ser fruto de un diálogo tripartito que incluya al Estado, a los empleadores y a los trabajadores, tal como sugieren los organismos internacionales. En este escenario de polarización, el desenlace en la Cámara de Diputados marcará no solo el futuro de la legislación laboral, sino también el nivel de conflictividad social que enfrentará la administración de Milei en los próximos meses.
