Hoy jueves, la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei llegará al recinto de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina tras semanas de negociaciones intensas, debates en comisión y modificaciones de último momento. El Gobierno confía en contar con los votos necesarios para su aprobación, aunque el poroteo continúa abierto y al menos 35 legisladores ya anticiparon su rechazo.
El plenario de comisiones firmó un dictamen de mayoría con 44 firmas que respalda la versión actual del proyecto. Ese texto será el que se someta a votación. El oficialismo articula una base parlamentaria que incluye a La Libertad Avanza, la Unión Cívica Radical, el Propuesta Republicana, el MID, Innovación Federal, Producción y Trabajo, La Neuquinidad e Independencia, además de bloques provinciales que aportarían alrededor de 18 votos clave para garantizar el quórum de 131 diputados. Las estimaciones indican que el oficialismo podría reunir entre 129 y 131 votos afirmativos, el número justo para alcanzar la mayoría simple en una Cámara de 257 bancas. Sin embargo, dentro de la UCR persisten cuestionamientos por la velocidad del tratamiento legislativo y reclamos para habilitar cambios adicionales en el texto.
Enfrente, la oposición no logró consolidar un dictamen unificado con fuerza suficiente para disputar el proyecto central, pero sí articuló propuestas alternativas y una estrategia orientada a condicionar el debate. Sectores del peronismo, la izquierda y algunos radicales advierten que la reforma debilita derechos laborales básicos y profundiza la flexibilización.
Una de las principales concesiones al bloque crítico fue la eliminación del artículo 44, que había sido aprobado en el Senado sin mayores objeciones y que generó fuerte polémica antes de su desembarco en Diputados. Su retiro fue leído como una señal de negociación, aunque el núcleo de la iniciativa se mantiene intacto.
La diputada Victoria Tolosa Paz, de Unión por la Patria, sostiene que la denominada “modernización laboral” no resolverá la informalidad que afecta a millones de trabajadores y advierte que podría agravar la precarización si no está acompañada por una estrategia industrial de largo plazo. En la misma línea, la diputada Vanesa Siley impulsó, junto a sectores sindicales, un proyecto alternativo que propone fortalecer la negociación colectiva, garantizar paritarias sin topes, reducir la jornada laboral de manera progresiva y ampliar licencias, especialmente por paternidad, con financiamiento estatal.
Las centrales obreras, como la Confederación General del Trabajo y la Central de Trabajadores de la Argentina, cuestionan que el texto oficial reduce la protección frente a despidos, limita el alcance de la huelga y habilita mecanismos que, a su entender, precarizan las condiciones laborales. Las movilizaciones y el paro general convocado por la CGT agregan presión pública sobre los legisladores.
Incluso aliados del oficialismo plantearon reparos. Desde la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro advirtió que el debate se está dando con premura y que se pierde la oportunidad de discutir una reforma más consensuada. Tanto la UCR como el PRO coincidieron en objetar el contenido del artículo 44 y reclamaron ajustes en el capítulo referido al Fondo de Asistencia Laboral y otros aspectos financieros para evitar impactos regresivos.
Con el Gobierno decidido a avanzar y la oposición enfocada en introducir cambios puntuales más que en bloquear el tratamiento, la definición volverá a depender del conteo fino de voluntades. Aunque el oficialismo se muestra confiado, las negociaciones seguirán hasta el último minuto en una sesión donde cada voto puede resultar determinante.




