La gestión de los recursos públicos destinados a la enseñanza volvió al centro del debate político en 9 de Julio. El bloque de concejales de La Libertad Avanza formalizó un pedido de informe dirigido al Ejecutivo Municipal tras detectarse crecientes preocupaciones sobre el estado de la infraestructura en los establecimientos escolares del distrito. La iniciativa busca arrojar luz sobre el destino final de millones de pesos transferidos por la administración provincial bajo el concepto de Fondo de Financiamiento Educativo.
El conflicto radica en la naturaleza técnica de la Ley Nacional 26.075, la cual estipula que estos recursos deben garantizar condiciones de equidad y solidaridad en el sistema pedagógico. Según la normativa vigente, un porcentaje sustancial de los fondos que percibe el municipio —determinado en un 16,14 % de los recursos de afectación específica para el ejercicio anterior— debe ser canalizado estrictamente a funciones educativas. No obstante, la oposición y diversos sectores de la comunidad educativa denuncian un desconocimiento absoluto sobre cuáles han sido las prioridades de inversión del gobierno local durante el último año.
La controversia se intensifica al considerar que, desde el año 2018, la legislación exige que al menos el 40 % de este fondo se destine de manera exclusiva a la mejora de la infraestructura escolar. El pedido de informe presentado ante el Concejo Deliberante subraya que muchas escuelas del Partido presentan un estado «deficiente», lo que genera un interrogante sobre si el flujo de dinero enviado desde la capital provincial se tradujo efectivamente en ladrillos, techos y servicios básicos para los estudiantes locales.
El pedido de informe solicita un desglose detallado de los montos percibidos durante 2025 y, fundamentalmente, la cifra exacta ejecutada en obras de mejoramiento. La exigencia no se limita a los números generales. El Blqoue de LLA demanda un inventario preciso de las escuelas intervenidas y el presupuesto asignado a cada una de ellas. Esta medida busca contrastar la retórica oficial con la realidad edilicia que enfrentan docentes y alumnos diariamente.
