Noviembre llega con aumentos y promete agravar aún más la inestabilidad económica que ya arrastra a los argentinos. Mientras la inflación de octubre se estima en al menos un 2,3%, los incrementos que se avecinan en alquileres, prepagas y combustibles generarán una presión adicional sobre un bolsillo que ya no da más. Este cóctel de subas no es solo una preocupación inmediata para las familias, sino también un síntoma de la incapacidad del gobierno para contener una inflación que no parece encontrar freno.
Alquileres: La Pesadilla de la Vivienda
La crisis habitacional sigue su curso. Si bien la Ley de Alquileres ha sido derogada, los contratos que aún se rigen por esta normativa experimentarán una nueva oleada de aumentos que, aunque «más moderados», siguen siendo alarmantes. En noviembre, los alquileres subirán un 42,2% en promedio. Esto significa que, por ejemplo, un alquiler de $600.000 en noviembre pasará a $853.200 en 2025-2026, una cifra que golpea directamente a las familias que luchan por llegar a fin de mes. Aquellos contratos actualizados por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) sufrirán subas del 6% y, los acuerdos con ajuste cuatrimestral, hasta un 8,5%. En un mercado desregulado y con la inflación desbordada, la vivienda sigue siendo una de las principales preocupaciones de la clase media y baja.
Salud: El Costo de la Salud Privada se Descontrola
El sector de la salud privada, uno de los pilares de la cobertura médica en el país, tampoco escapa a la espiral inflacionaria. Las principales empresas de medicina prepaga ya anunciaron aumentos en sus cuotas que irán del 2,1% al 2,8% desde noviembre. Esta subida no solo sigue el ritmo de la inflación general de septiembre, sino que la supera en algunos casos. A pesar de los esfuerzos del gobierno por desregular el sector, el resultado sigue siendo el mismo: los usuarios enfrentan aumentos constantes que agravan aún más la inequidad en el acceso a la salud.
Combustibles: El Aplazamiento de la Bomba
Uno de los movimientos más criticados del Gobierno fue el aplazamiento, a través del Decreto 699, de la actualización del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y el Dióxido de Carbono (IDC) que debía aplicarse en octubre. Oficialmente, la Secretaría de Energía justificó la postergación como parte de un esfuerzo por «mantener un crecimiento económico sostenido y fiscalmente responsable», pero en la práctica, la medida parece una estrategia para evitar un alza inmediata en los precios de los combustibles en plena campaña electoral. Sin embargo, el impacto no se desvanece: el aumento solo se pospone hasta noviembre, trasladando los costos devaluatorios a un futuro cercano.
El precio de la nafta súper de YPF, que ya roza los $1400 por litro en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), refleja cómo la inflación, el aumento de biocombustibles y la devaluación se entrelazan en una espiral de costos que afecta a todos los sectores económicos.
Noviembre de Alta Tensión
Con una inflación que no da tregua y un gobierno que parece aplicar medidas de corto alcance para no afrontar la presión política, el panorama para noviembre es de una alta incertidumbre económica. La combinación de subas en alquileres, prepagas y combustibles se traducirá en un escenario económico donde el poder adquisitivo se derrumba y las familias sienten cada vez más el peso de una inflación que parece imparable.
En este contexto, las políticas del gobierno de Javier Milei son duramente cuestionadas. Si bien la administración promete medidas drásticas para controlar la inflación, hasta el momento, las acciones han sido más reactivas que proactivas. A medida que los aumentos se acumulen en noviembre, el costo de vida se volverá aún más insostenible para millones de argentinos que atraviesan una crisis económica que parece no tener fin.
El cóctel explosivo de aumentos que se avecina deja claro que el gobierno enfrenta una crisis de difícil resolución, donde las promesas de recuperación económica parecen quedar, por ahora, en el horizonte lejano.
