El presidente Javier Milei ha firmado el decreto que convoca a sesiones extraordinarias en el Congreso entre el 10 y el 30 de diciembre, con la intención de avanzar en la aprobación de varios proyectos clave para su agenda económica y estructural. Durante este periodo, el Ejecutivo buscará poner en marcha una serie de reformas que marcarán el rumbo de su gestión, destacándose el tratamiento del Presupuesto 2026 y los proyectos del ambicioso Pacto de Mayo.
_Presupuesto, reformas y proyectos estratégicos_
La convocatoria a sesiones extraordinarias, anunciada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, abarca una serie de reformas que el oficialismo considera fundamentales para cimentar los cimientos económicos del país. La iniciativa, que será formalmente publicada el 9 de diciembre, incluirá la discusión del Presupuesto Nacional para 2026, así como una serie de reformas estructurales que se integran en el Pacto de Mayo. Entre los proyectos que el Gobierno busca tratar se destacan la Ley de Inocencia Fiscal, que incentivará la declaración de «dólares del colchón», la reforma laboral, una modificación integral del Código Penal, y una reforma tributaria de largo alcance. En cuanto a la Ley de Glaciares, se prevé una modificación que permitirá a las provincias decidir las distancias mínimas para el desarrollo de proyectos mineros en áreas cercanas a estos ecosistemas.
_El Presupuesto 2026_
El proyecto de Presupuesto 2026 será uno de los temas centrales de estas sesiones extraordinarias. El presidente Milei, junto a su ministro de Economía, Luis Caputo, y el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, serán los encargados de definir los lineamientos de este presupuesto, que será clave para garantizar la estabilidad económica del país en el mediano plazo.
Uno de los puntos más delicados será la asignación de recursos del superávit fiscal. Si bien el Gobierno ya ha mantenido reuniones con 18 gobernadores para evaluar pedidos sectoriales, las prioridades estarán marcadas por el equilibrio fiscal y las necesidades de los aliados políticos del oficialismo, quienes, a su vez, aportan apoyo legislativo clave en ambas cámaras del Congreso.
_Reformas Laborales y Penales: Cambios de Fondo_
El Ejecutivo presentará también una reforma laboral dividida en dos ejes fundamentales. Por un lado, se enfocará en la Ley de Contrato de Trabajo, con modificaciones sobre los criterios de indemnización, la responsabilidad patronal y la eliminación de zonas grises que encarecen las indemnizaciones por despido. Además, se planteará la modificación de la «ultraactividad» de los convenios colectivos y se establecerá que los acuerdos por empresa o jurisdicción tendrán prioridad sobre los acuerdos nacionales.
En paralelo, el proyecto de reforma del Código Penal incluirá cambios sustanciales en más de 900 artículos, con un enfoque en endurecer las penas y reducir la discrecionalidad judicial. Se prevé una actualización en los delitos más graves, como homicidios, narcotráfico, trata de personas y delitos sexuales, así como un endurecimiento de las penas para los delitos más complejos. El cumplimiento efectivo de las condenas será un aspecto clave, alcanzando un 82% de los casos, según el anteproyecto.
_Reformas tributarias y mineras: Una nueva arquitectura fiscal_
La reforma tributaria es otro de los puntos neurálgicos de la agenda oficialista. Una de las propuestas más llamativas es la creación de un «Súper IVA», que permitirá a las provincias competir por la recaudación del impuesto, buscando atraer inversiones. En el ámbito de la minería, se revisará la Ley de Glaciares, permitiendo que cada provincia determine las distancias mínimas para el desarrollo de proyectos mineros en zonas cercanas a glaciares, lo que ha generado un debate entre ambientalistas y sectores productivos.
En cuanto a la Ley de Promoción Minera y la Ley de Tierras, el Gobierno introducirá nuevas restricciones a la compra de tierras por parte de extranjeros, una medida que ha generado expectativas y controversias dentro del sector agropecuario y minero.
_El desafío de la negociación política_
A lo largo del mes de diciembre, el Gobierno trabajará en estrecha coordinación con los bloques parlamentarios y los gobernadores para asegurar el apoyo necesario a los proyectos de ley. El oficialismo ya ha iniciado negociaciones con los gobernadores de provincias clave, como Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Raúl Jalil (Catamarca) y Hugo Passalacqua (Misiones), quienes aportarán apoyo legislativo a cambio de beneficios en sus regiones.
No obstante, el desafío será superar las resistencias tanto de la oposición como de sectores internos que podrían ver afectadas sus agendas políticas o económicas. La negociación con los bloques opositores será fundamental, especialmente si se quiere lograr un consenso en torno al Presupuesto y las reformas más controvertidas.
_Segunda convocatoria extraordinaria en Enero_
El Gobierno ya anticipó que, si bien estas sesiones extraordinarias se centrarán en los proyectos clave de diciembre, se prevé una segunda convocatoria entre mediados de enero y finales de febrero, en la antesala de la apertura formal del año legislativo. En esa etapa, se tratarán otros proyectos de gran calado para el futuro económico y político de Argentina, consolidando las reformas que se pondrán en marcha durante el primer año de la administración Milei.
Así, diciembre se perfila como un mes clave para el futuro inmediato de Argentina. Con una agenda cargada de reformas estructurales y un presupuesto que definirá el rumbo fiscal del país, las decisiones que se tomen en estos días serán determinantes para las perspectivas económicas y políticas de los próximos años.
