En un contexto de revisión de la Ley de Tierras impulsada por el Gobierno nacional, un trabajo desarrollado por investigadores de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y del Conicet aporta nueva evidencia empírica sobre la magnitud y distribución territorial de la propiedad extranjera de la tierra en la Argentina. De acuerdo con este relevamiento, cerca del 5% del territorio nacional —unas 13 millones de hectáreas— se encuentra actualmente en manos de personas físicas o jurídicas extranjeras.
La información surge de un mapa interactivo elaborado a partir de solicitudes de acceso a la información pública, que permite desagregar el fenómeno a escala subprovincial. Esta metodología pone en cuestión la interpretación oficial que sostiene el pleno cumplimiento de los límites establecidos por la Ley 26.737, al mostrar que, si bien el tope del 15% no se supera a nivel provincial, existen numerosos departamentos y municipios donde ese umbral es ampliamente excedido.
“El proceso de extranjerización de la tierra no es reciente, pero la ley ha funcionado como un mecanismo de regulación”, explica el historiador Matías Oberlin, integrante del Observatorio de Tierras y uno de los responsables del Mapa de la Extranjerización de Tierras en Argentina. “La eventual eliminación de ese marco normativo habilitaría una profundización acelerada del fenómeno”.
Distribución territorial y cumplimiento normativo
La Ley 26.737 establece límites tanto a nivel nacional como provincial para la propiedad extranjera de tierras rurales. Sin embargo, el análisis a escala departamental revela una heterogeneidad significativa. El estudio identifica 36 departamentos donde la proporción de tierras extranjerizadas supera el máximo permitido.
En cuatro casos —Lácar (Neuquén), General Lamadrid (La Rioja) y los departamentos salteños de Molinos y San Carlos— la extranjerización supera el 50% de la superficie rural, una situación que los investigadores vinculan con la concentración de bienes naturales estratégicos, particularmente recursos hídricos y minerales.
Recursos estratégicos y territorios de frontera
El mapa muestra que los mayores niveles de extranjerización se localizan en zonas de frontera y en regiones con recursos considerados críticos en el escenario global contemporáneo, como acuíferos, minerales estratégicos, litio y tierras raras. Estas áreas suelen presentar, además, conflictos sociales persistentes y una histórica debilidad de los mecanismos estatales de control territorial. Un caso representativo es el departamento de Cushamen, en la provincia de Chubut, donde se encuentra Puerto Patriada, dentro de la Reserva Forestal de Uso Múltiple Lago Epuyén. Allí, sobre una superficie total de 1.649.975 hectáreas, 377.875 se encuentran bajo propiedad extranjera, lo que convierte al área en uno de los núcleos más significativos del proceso en la Patagonia.
Origen del capital extranjero
El relevamiento también permite identificar el origen nacional de los principales actores involucrados. La mayor proporción de tierras extranjerizadas corresponde a capitales estadounidenses, que concentran más de 2,7 millones de hectáreas en el país, seguidos por inversiones de origen italiano y español. ”En términos comparativos, la superficie controlada por ciudadanos o empresas estadounidenses supera la extensión total de la provincia de Tucumán”, señalan los autores. El grupo Benetton aparece nuevamente como un actor emblemático en el sur del país, particularmente en la provincia de Chubut.
Diferencias regionales y líneas de investigación
Otro hallazgo relevante es la mayor cantidad de departamentos que superan los límites legales en el Norte del país en comparación con la Patagonia. Según Oberlin, se trata de territorios fronterizos que históricamente han presentado menor presencia estatal y mayores niveles de informalidad en el uso y circulación de recursos, lo que abre nuevas líneas de investigación sobre la relación entre extranjerización, control territorial y dinámicas económicas transfronterizas. El Observatorio de Tierras y el Mapa de la Extranjerización fueron concebidos, precisamente, como herramientas abiertas para fomentar investigaciones interdisciplinarias y fortalecer el debate público con base empírica.
Implicancias regulatorias y políticas públicas
Si bien la superficie total de tierras extranjerizadas se ha mantenido relativamente estable en los últimos años, los investigadores advierten que el escenario político actual introduce un factor de riesgo. La posible derogación de la Ley de Tierras eliminaría uno de los pocos instrumentos regulatorios existentes sobre el acceso a la propiedad de recursos territoriales estratégicos. El informe concluye que la flexibilización normativa podría habilitar un incremento significativo de adquisiciones extranjeras en áreas de alto valor ambiental y geopolítico: lagos de agua dulce, bosques nativos, cordillera con minerales críticos, regiones asentadas sobre grandes acuíferos y territorios ribereños de los principales ríos navegables del país.
En un contexto global caracterizado por crecientes tensiones en torno al acceso al agua, la energía y los recursos naturales, los autores sostienen que la regulación de la propiedad de la tierra constituye una dimensión central de la soberanía territorial y de la capacidad estatal para garantizar el acceso equitativo a bienes fundamentales para la reproducción social y el desarrollo económico.
