El Gobierno nacional formalizó la declaración de emergencia y/o desastre agropecuario en cuatro municipios de la provincia de Buenos Aires —Bolívar, 9 de Julio, Carlos Casares y Tapalqué— debido a las graves inundaciones que mantienen a más de cinco millones de hectáreas bajo el agua. La medida, ratificada mediante la resolución 1776/25 del Ministerio de Economía, tendrá vigencia desde el 1 de septiembre de 2025 hasta el 28 de febrero de 2026.
Este estado permite a los productores acceder a exenciones impositivas y a la solicitud de créditos blandos, y refrenda una acción provincial previa, extendiendo su alcance temporal.
La decisión se produce en medio del fuerte malestar del sector rural y la dirigencia política, que exigen un plan de obras estructurales para prevenir futuras catástrofes. El presidente de CARBAP, Ignacio Kovarsky, ha calificado la situación en el interior bonaerense como una «catástrofe», advirtiendo que las soluciones no pueden postergarse y enfatizando que «el agua se maneja en la seca, cuando deben hacerse las obras que previenen estos desastres».
Asimismo, el diputado radical Diego Garciarena criticó la disputa de culpas entre el Gobierno nacional y el provincial mientras «tres millones de hectáreas están inundadas» y la producción agropecuaria está «quebrada», reclamando una política planificada de infraestructura. Kovarsky ha señalado, además, que obras clave como el Plan Maestro del Río Salado siguen inconclusas, faltando 30 kilómetros bajo órbita nacional y 90 kilómetros bajo jurisdicción provincial.
El ingeniero hidráulico Claudio Velazco alertó sobre la recurrencia de los «errores estructurales», recordando que la Cuenca del Salado, que abarca el 55% de la superficie bonaerense, aún tiene gran parte de su cauce principal sin las obras de dragado y saneamiento finalizadas. El especialista comparó la situación actual con la crisis de 2015, destacando el persistente «efecto dique» en vías clave como la Ruta 2, causado por secciones de escurrimiento insuficientes.
