Hay números que no admiten maquillaje discursivo. En Nueve de Julio, la deuda acumulada por tasas e impuestos municipales supera los 5.797 millones de pesos. Representa más del 15% del presupuesto proyectado para 2026. Frente a ese dato, el oficialismo local insiste en una explicación cómoda: la “corresponsabilidad”, el “Estado somos todos”, la deuda como falta de conciencia cívica. Una narrativa prolija, pero insuficiente. Porque antes que social, la deuda es política. Y tiene responsables concretos.
Desde hace más de una década, el Ejecutivo municipal está en manos del PRO, con nombres y apellidos: Mariano Edmundo Barroso, Mauricio Vivani y María José Gentile. No se trata de una gestión reciente ni de una herencia excepcional. Es un ciclo político largo, consolidado, con control del presupuesto, del organigrama y de las decisiones estratégicas. En ese contexto, resulta difícil aceptar que el problema sea presentado como una falla cultural o moral de los vecinos.
La deuda no surge porque la comunidad “no entienda” la importancia de pagar. Surge cuando se cobra de manera sistemática por servicios que no cumplen estándares mínimos. Calles deterioradas, red vial rural con mantenimiento insuficiente, luminarias deficientes, servicios urbanos irregulares y una administración que fue naturalizando la precariedad como forma de funcionamiento. No se trata de percepciones aisladas, sino de una experiencia extendida en el distrito.
Durante años se ajustaron tasas, se ampliaron conceptos y se prometieron mejoras que, en muchos casos, no llegaron o lo hicieron de manera fragmentaria. El resultado es una relación fiscal erosionada y una comunidad que percibe que el esfuerzo no se traduce en bienestar. Eso no es desinterés cívico: es desconfianza acumulada.
El argumento oficial de que “si todos pagaran, habría más obras” invierte el orden lógico. La confianza no se cobra por adelantado. Se construye con gestión eficiente, planificación, transparencia y resultados verificables. Y esos resultados son los que hoy están en discusión después de más de diez años de gobierno ininterrumpido. Tal vez la mesa política debería desempolvar El Príncipe, la obra maestra del italiano Nicolás Maquiavelo que fundó el análisis político moderno, y recordar que gobernar también implica leer el contexto, negociar de manera pragmática, buscar consensos reales y ceder donde sea necesario para sostener legitimidad y eficacia.
Hablar de “deuda social” desplaza el eje del problema. Convierte al vecino en deudor moral y al Estado en víctima. Sin embargo, la deuda social real es la que el municipio mantiene con la comunidad cuando no garantiza servicios acordes a lo que recauda, cuando no rinde cuentas con claridad y cuando no revisa sus propias prioridades. El Estado municipal no es una abstracción. Tiene conducción política, funcionarios responsables y decisiones concretas que se toman —o se postergan— todos los días. Diluir esas responsabilidades en la idea de que “el Estado somos todos” no fortalece el vínculo cívico: lo debilita.
Pensar la deuda municipal exige ir más allá de la contabilidad y del discurso moralizante. Exige revisar cómo se gobierna, cómo se gestiona y cómo se responde a una comunidad que, con razón, pide que el esfuerzo sea proporcional a los resultados.
Nueve de Julio no se construye solo con reclamos, pero tampoco con explicaciones que eluden responsabilidades. La base de cualquier sistema tributario sostenible es la credibilidad del Estado. Y esa credibilidad no se declama: se demuestra, día a día, con servicios que funcionen y con una gestión que esté a la altura del tiempo que lleva en el poder.
EL LOBO
