Por Redacción Extra Digital
Mientras la crisis se invoca como explicación total, la gestión local parece aferrarse a una lectura antigua de la realidad: una en la que los conflictos se simplifican, los reclamos se deslegitiman y la responsabilidad siempre es de otros. Pero gobernar exige algo más que repetir titulares del pasado. Hay gestos que buscan construir épica donde apenas hay administración. Funcionarios recogiendo residuos, discursos que llaman a la reflexión colectiva, apelaciones permanentes a la crisis como si se tratara de una fuerza natural e inevitable. Todo eso puede conmover por un instante, pero no reemplaza lo esencial: planificación, diálogo real y rendición de cuentas.
En política, como en el periodismo, leer mal la realidad tiene consecuencias. Y cuando se gobierna con categorías viejas —como si el conflicto social fuera siempre un exceso ajeno, como si los reclamos sectoriales fueran meros caprichos, como si la crisis explicara todo— el riesgo no es solo equivocarse, sino persistir en el error.
En los últimos días, la discusión pública volvió a girar en torno a un esquema conocido: el ajuste como destino, la escasez como excusa, la urgencia como método. Se pide comprensión, se reclama paciencia, se convoca a la unidad, pero al mismo tiempo se toman decisiones sin consenso, se cierran canales de diálogo y se presenta como irresponsables a quienes señalan fallas estructurales que vienen de lejos y siguen sin resolverse.
La carta abierta de la Federación Agraria no introduce estridencias ni especulación política. Hace algo más incómodo para el poder: describe con precisión lo que falta. No niega la crisis hídrica ni desconoce herencias, pero pone el foco donde corresponde: en la ausencia de planificación verificable, en la falta de transparencia sobre el uso de los recursos y en un estilo de gestión que confunde fundamentar con planificar. Decir que los problemas “no son nuevos” no los vuelve menos urgentes. Reconocer que hay responsabilidades anteriores no exime de las actuales. Gobernar es hacerse cargo del presente, incluso cuando el pasado pesa. Y, sobre todo, es entender que ningún aumento, ninguna tasa ni ningún esfuerzo adicional puede sostenerse sin confianza. Esa confianza no se construye con discursos ni con escenas para la foto, sino con información clara, objetivos definidos y reglas compartidas.
Algo similar ocurre en el plano más amplio de la política económica. A nivel nacional, el poder económico acompaña un experimento que deteriora la economía real, no por desconocimiento del daño productivo, sino por convicción ideológica, cálculo de corto plazo y lobby selectivo. En lo local, esa misma lógica se replica en escala menor: pedir sacrificios sin mostrar el rumbo, exigir respaldo sin habilitar el debate.
El problema no es la crisis. Las crisis existen. El problema es seguir leyéndolas con un diario que ya no se imprime. Uno que reduce la complejidad, que simplifica los conflictos, que supone que gobernar es resistir y no construir. La realidad, sin embargo, siempre termina imponiéndose: con caminos intransitables, con servicios resentidos, con sectores productivos que ya no aceptan explicaciones sin respuestas.
El 2026 ya está acá. Será un año sin elecciones, pero no sin política. O se aprovecha para reconstruir confianza, abrir el diálogo y ordenar prioridades, o se seguirá administrando la urgencia, esperando que la épica tape la falta de gestión. Leer bien la realidad no garantiza el éxito. Leerla mal, en cambio, asegura el desgaste. Y ningún gobierno puede darse ese lujo demasiado tiempo.
