En un giro de los acontecimientos que ha dejado atónita a la opinión pública británica y al mundo entero, Scotland Yard detuvo a Andrés de Windsor, el otrora Duque de York. La operación, ejecutada bajo un estricto protocolo de seguridad en las inmediaciones de Royal Lodge, marca el punto más bajo en la historia moderna de la Familia Real, situando a un hijo de la fallecida Reina Isabel II bajo custodia policial por primera vez en la era contemporánea.
El Comisionado de la Policía Metropolitana emitió un breve comunicado desde New Scotland Yard indicando que la detención se produce en el marco de una nueva línea de investigación relacionada con delitos financieros y obstrucción a la justicia. Aunque el Palacio de Buckingham ha optado por un silencio sepulcral, fuentes cercanas a la residencia real sugieren que el Rey Carlos III fue informado apenas minutos antes de que los agentes interceptaran el vehículo del Príncipe. La noticia ha provocado una congregación espontánea de medios de comunicación y ciudadanos frente a las puertas de hierro del Palacio, donde la atmósfera oscila entre la incredulidad y la indignación.
El arresto de Andrés de Windsor, no fue un evento fortuito. Es el resultado de una investigación criminal formal abierta por la Policía de Thames Valley tras la desclasificación masiva de documentos en Estados Unidos el pasado mes de enero. Los cargos preliminares se centran en el delito de mala conducta en un cargo público, una figura legal del derecho consuetudinario británico que conlleva penas severas, incluida la cadena perpetua en casos de extrema gravedad. La base legal del arresto reside en la etapa del ex príncipe como Enviado Especial del Reino Unido para el Comercio Internacional e Inversiones (2001-2011). Según las nuevas pruebas reveladas por el Departamento de Justicia de EE. UU., existen correos electrónicos y registros que sugieren que Andrés envió informes gubernamentales altamente confidenciales a Jeffrey Epstein. Estos documentos incluían análisis estratégicos sobre misiones comerciales en China, Singapur y Vietnam, información que Epstein podría haber utilizado para beneficiar sus propios intereses financieros o los de sus asociados. La fiscalía investiga si este intercambio fue una «negligencia deliberada» o un «abuso de poder» para saldar deudas personales con el magnate.
Más allá de los delitos financieros y administrativos, la detención reactiva las acusaciones de abuso sexual y tráfico de personas. Aunque en 2022 el entonces Duque de York alcanzó un acuerdo extrajudicial millonario con Virginia Giuffre para evitar un juicio civil, las autoridades británicas están revisando ahora nuevas declaraciones de testigos que afirman que Epstein utilizó sus propiedades en Londres para facilitar encuentros entre miembros de la élite y víctimas menores de edad. La policía de Norfolk investiga específicamente si la residencia de Sandringham fue utilizada como refugio para Epstein y su socia, Ghislaine Maxwell, en periodos donde ya eran objeto de escrutinio internacional. Giuffre se suicidó en abril del 2025. Fue la primera denunciante de los delitos sexuales de Jeffrey Epstein y trabajó por las víctimas de trata sexual.
La relación entre ambos comenzó a finales de los años 90 a través de Maxwell. Lo que en su momento fue descrito por el ex príncipe como una «amistad conveniente» para acceder al mundo de los negocios internacionales, terminó por convertirse en su ruina. A pesar de la condena de Epstein en 2008 por delitos sexuales, Andrés mantuvo el contacto, siendo fotografiado famosamente en Central Park con él en 2010. Aquel encuentro, que el ex príncipe intentó justificar en su desastrosa entrevista con la BBC en 2019 como un acto de «cortesía» para terminar la relación, es hoy una pieza clave para demostrar que el vínculo no fue un error pasajero, sino una asociación sostenida en el tiempo.
El Rey Carlos III ha sido contundente: «La ley debe seguir su curso». Al despojarlo de sus títulos y patrocinios el año pasado, la monarquía buscó trazar una línea de fuego sanitaria para proteger la institución. Sin embargo, este arresto coloca al Palacio de Buckingham en una situación inédita. Con el ex príncipe bajo custodia policial, el Reino Unido se enfrenta a la posibilidad de ver a un miembro de la estirpe Windsor sentado en el banquillo de los acusados de un tribunal penal, un escenario que podría durar años y que pone en duda la supervivencia de su estatus dentro de la línea de sucesión, a pesar de carecer ya de funciones oficiales.
Los expertos legales sugieren que la inmunidad y el estatus que una vez protegieron al Príncipe se han erosionado tras su retirada de la vida pública. La fiscalía parece haber obtenido nuevas pruebas que, según los informes preliminares, vinculan movimientos de fondos de fundaciones benéficas con cuentas en paraísos fiscales, un hilo conductor que los investigadores han estado siguiendo meticulosamente durante los últimos dieciocho meses.
En el Parlamento, la reacción ha sido inmediata. Los líderes de la oposición han solicitado una comparecencia urgente del Ministro del Interior para aclarar si se utilizaron recursos públicos en la defensa del Príncipe antes de este arresto. Mientras tanto, los constitucionalistas debaten las implicaciones de este suceso para la estabilidad de la Corona. La detención no solo pone a prueba la estructura legal del Reino Unido, sino que también obliga a la monarquía a enfrentarse a una crisis de relaciones públicas que amenaza con eclipsar los esfuerzos del actual monarca por modernizar la institución.
Se espera que el Príncipe Andrés sea trasladado a una comisaría de alta seguridad para ser interrogado formalmente. Su equipo legal ha calificado la detención de «desproporcionada» y asegura que el Príncipe ha cooperado plenamente con todas las solicitudes anteriores. Sin embargo, el impacto visual de un miembro de la Casa de Windsor siendo escoltado por oficiales de policía ya ha quedado grabado en la memoria colectiva, planteando preguntas profundas sobre la rendición de cuentas en las esferas más altas del poder británico.
