En el marco del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, las autoridades argentinas se comprometen a adoptar «cualquier medida» que requiera el acreedor, «absteniéndose de aplicar políticas incompatibles» con lo que dicta el FMI.
El gobierno puso la política económica en manos del organismo internacional. Los compromisos exceden lo ya escrito y habilitan un cheque en blanco.
La referencia adelanta que desde el ejecutivo abusarán del recurso del veto para impedir que avance cualquier ley que implique un incremento del gasto que ponga en riesgo el nuevo compromiso de ajuste fiscal que eleva la meta de superávit hasta el 1,6% del PBI. Es lo que hicieron cuando el Palacio Legislativo aprobó, por ejemplo, la mejora del presupuesto universitario para honrar la suba de salarios de sus trabajadores.
A la vez, aseguran honrar esos compromisos (que son los de todos los argentinos) absteniéndose de aplicar políticas incompatibles con los objetivos y los compromisos asumidos.
