El caso Estela María Paladino ha dado un giro con la revelación de una prueba que pone en evidencia las graves fallas en el proceso judicial, comprometiendo no solo a la jueza María Teresa Bomaggio, sino también a los testigos que intervinieron en el debate oral y público. La clave de la controversia se centra en la figura de Francisco Casciola, quien, tras sufrir un ACV, no estaba en condiciones de comprender las implicancias de sus actos cuando otorgó un poder legal ante la presencia de la Escribana Cintia Edith Pesciallo, el 18 de mayo de 2005.
La condición neurológica de Casciola, diagnosticada como afasia mixta, un trastorno que afecta tanto la comprensión como la expresión del lenguaje, estaba claramente reflejada en los informes médicos que acompañan el expediente. Sin embargo, a pesar de la gravedad de su cuadro clínico, Casciola firmó el poder sin tener plena conciencia de las consecuencias legales de su decisión. El acto tuvo lugar en un momento crítico de su recuperación, cuando su capacidad cognitiva estaba seriamente mermada. Este dato fundamental fue desestimado por la jueza Bomaggio, quien optó por ignorar las pruebas médicas presentadas, lo que plantea un interrogante serio sobre la validez del acto jurídico en cuestión.
El propio Héctor Julián Alvarez, médico y amigo que extendió el certificado de salud de Casciola reconoció que, aunque era muy amigo del paciente, no pudo asegurar con certeza que comprendiera la totalidad de lo que estaba ocurriendo. El especialista señaló que Casciola podía comunicarse solo con monosílabos, y que, aunque confiaba en que comprendía parcialmente, no podía afirmar sin dudas que estuviera en condiciones de tomar decisiones plenamente informadas. Este testimonio contrasta drásticamente con la versión oficial que se manejó en la causa, donde se trató de avalar la capacidad de Casciola para otorgar el poder, basándose únicamente en una interpretación subjetiva de su condición.
A pesar de la evidencia médica que demostraba la incapacidad de Casciola para comprender lo que estaba ocurriendo, la jueza María Teresa Bomaggio desestimó los informes de los peritos oficiales, eludiendo la importancia de estos elementos clave en el proceso. Esta decisión no solo pone en tela de juicio la imparcialidad y competencia de la magistrada, sino que también evidencia un peligroso precedente en el tratamiento de casos que involucran a personas con condiciones neurológicas que afectan su capacidad de juicio.
La situación se complica aún más cuando se considera que el certificado de discapacidad emitido por una Junta Médica Interdisciplinaria en octubre de 2004 ya había diagnosticado a Casciola con afasia mixta, condición que debía haber sido tomada en cuenta al momento de la firma del poder. Sin embargo, este informe, que claramente indicaba que Casciola no comprendía ni podía expresarse adecuadamente, fue desestimado por la jueza, lo que pone en evidencia una grave falta de rigor en la evaluación de la situación.
La prueba presentada ahora es irrefutable: Francisco Casciola no estaba en condiciones de comprender las implicancias de sus actos cuando otorgó el poder. La falta de una evaluación más rigurosa de su capacidad cognitiva y la desestimación de los informes médicos esenciales comprometen la validez del acto jurídico y, por ende, la integridad del proceso judicial. La jueza Bomaggio y los testigos que avalaron esta versión del caso deben rendir cuentas por la evidente negligencia en el tratamiento de pruebas clave y la falta de una adecuada evaluación médica.
Este hecho deja en claro que el caso Estela María Paladino no solo se juega en el ámbito de la justicia y la verdad, sino en la necesidad de garantizar que las decisiones judiciales no sean influenciadas por errores, negligencias o intereses particulares. La desestimación de pruebas tan contundentes y la falta de una correcta valoración de la capacidad de Francisco Casciola para comprender lo que estaba sucediendo nos recuerda la importancia de que el sistema judicial actúe con el máximo rigor, transparencia y responsabilidad cuando se trata de personas vulnerables en situaciones legales complejas.
