La Justicia Federal profundiza la investigación por presunto lavado de activos y maniobras de evasión que alcanzan a la Asociación del Fútbol Argentino y a clubes de Primera División. El juez federal Luis Antonio Armella, a cargo del Juzgado Federal 2 de Lomas de Zamora, ordenó este lunes 19 allanamientos simultáneos y una batería de medidas financieras sobre Sur Finanzas, la firma vinculada a Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA, y sobre directivos del Club Banfield. Las medidas se tomaron a pedido de la fiscal federal Cecilia Incardona, quien alertó sobre el riesgo de que la investigación sufriera interferencias si no se actuaba con inmediatez.
El caso se activó luego de que la Dirección General Impositiva denunciara a Sur Finanzas por presuntas maniobras de evasión y lavado de dinero asociadas a la transferencia del exjugador Agustín Urzi. El organismo fiscal sostiene que la empresa habría intervenido en movimientos financieros irregulares que involucraron a varios clubes, entre ellos Banfield, lo que encendió las alarmas en el Ministerio Público. Sin embargo, la fiscal Incardona detectó que estos hechos ya estaban bajo investigación en otra causa previa: el expediente FLP 29107/2025, radicado en el mismo juzgado y centrado en presuntas operaciones de lavado vinculadas al club del sur y a su relación con Sur Finanzas. Ante la duplicación, pidió la unificación de los casos para evitar contradicciones y asegurar la continuidad del proceso.
Las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía —allanamientos, levantamiento del secreto bancario, bursátil y fiscal, y congelamiento total de cuentas— se filtraron a la prensa antes de ser aplicadas. Para Incardona, esa difusión ponía en riesgo el éxito operativo y aceleró la necesidad de actuar. Pese a los requerimientos de urgencia reiterados el viernes y el sábado, el magistrado del Juzgado Federal 1, donde había recaído la denuncia más reciente, no adoptó las medidas ni resolvió sobre la acumulación del expediente. Ante ese estancamiento, la fiscal acudió directamente al juez Armella, quien este lunes dispuso todas las medidas pendientes.
Los procedimientos simultáneos se desplegaron en la sede central y en sucursales de Sur Finanzas, así como en instalaciones de clubes que habrían operado con la firma. Entre los puntos investigados se encuentra el Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña, una estructura financiera vinculada al Club Banfield que podría haber canalizado fondos a través de la plataforma de la empresa. En paralelo, el juez ordenó el congelamiento total de las cuentas de Sur Finanzas y el levantamiento de los secretos bancario, fiscal y bursátil tanto de sus directivos como de las entidades asociadas al club. El viernes, la DGI formalizó la denuncia contra Ariel Vallejo, financista y referente de Sur Finanzas. Según el dictamen de la fiscal Incardona, la firma habría articulado una ingeniería financiera para mover unos 818.000 millones de pesos, una cifra que, de confirmarse, podría transformar la causa en uno de los casos más voluminosos de presunto lavado en el fútbol argentino.
La investigación continúa con la expectativa puesta en la documentación incautada y en los circuitos financieros detectados en los allanamientos, que podrían definir el próximo capítulo judicial de una trama que ya salpica a dirigentes, clubes y estructuras económicas del corazón del fútbol profesional.
