Por Juan Manuel Jara
El proyecto de ordenanza es, sin dudas, un golpe a la linea de flotación financiera del municipio y, a la vez, una muestra de la pérdida de confianza del sector rural en la administración de fondos públicos que realizaron las gestiones locales. Se presenta como una herramienta que busca solucionar el deterioro severo de la red vial rural del Partido pero, a su vez, se mete en el control absoluto de una de las “cajas” a las cuales recurre la gestión para sostener la estructura municipal. Su viabilidad práctica dependerá de la capacidad política para ceder el control técnico y financiero a un ente descentralizado. Si bien esta ordenanza es fruto de años de, por un lado, el no cumplimiento del municipio en cuanto a la prestación efectiva del mantenimeinto de caminos y canales, y por otro, la falta de control o el dejar hacer del sector rural. El agua del año pasado sacó todo a flote y fue el punto cúlmine de una situación que nunca debió haber llegado a tales límites. Analizando el proyecto, los puntos principales son los siguientes.
Creación de la Comisión Vial
El cambio más importante de este proyecto es la profesionalización y descentralización del mantenimiento de los caminos. Se prevé la creación de la Comisión Vial, un organismo autárquico, técnico-consultivo y de control, operando bajo la órbita de la Secretaría de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos.
La composición de la comisión otorga mayoría al sector privado, incluyendo a representantes de los productores, la Sociedad Rural, CONINAGRO, la Federación Agraria y la Cámara de Comercio, frente a un único funcionario designado por el Departamento Ejecutivo municipal.
Se crea la figura del Gerente Vial, un profesional universitario (ingeniero o agrimensor) elegido por concurso público. Sus decisiones sobre metodologías, prioridades y asignación de maquinaria serán de carácter vinculante e irrevertibles por consideraciones de índole política o administrativa.
Sostenimiento financiero
Para garantizar la ejecución de las obras, la ordenanza blinda los recursos económicos creando un «Fondo Vial Rural Municipal» de carácter intangible y afectación específica. Es decir, el fondo absorberá el 85% de lo efectivamente recaudado por la Tasa por Conservación y Reparación de la Red Vial Municipal. De ese 85%, un piso obligatorio del 15% deberá destinarse exclusivamente a la renovación y mantenimiento de la maquinaria vial. El fondo también concentrará el 100% de los aportes provinciales o nacionales afectados a caminos, subsidios y multas por transgresiones a esta ordenanza.
Funciones técnicas y de control de recursos
El proyecto excluye expresamente la posibilidad de utilizar material cedido por propietarios privados para arreglar caminos, fundamentando que los campos del partido de 9 de Julio no cuentan con «tosca aprovechable» para uso vial. En consecuencia, obliga al municipio a gestionar material aportante de inmuebles provinciales y nacionales, como vías y canales.
Reconociendo el impacto del agua en los caminos locales, la Comisión Vial tendrá potestad para participar en el Comité de Cuenca Hídrica del Partido y requerir evaluaciones de impacto ambiental en obras que modifiquen los escurrimientos naturales. Para evitar malversaciones, se establece la prohibición general de usar maquinaria municipal en predios particulares, salvo emergencias, sancionando las infracciones con recargos del 50% sobre el valor del trabajo y eventuales interpelaciones.
Plan de trabajo, plataforma digital y rendición de cuentas
Como herramientas de planificación y transparencia, se preveé un estudio a 5 años elaborado con apoyo técnico de universidades, INTA, CONICET, que funcionará como documento rector para todas las obras.
Se implementará un sistema web/móvil con mapas interactivos georreferenciados para que los ciudadanos consulten el estado de la red y reporten desperfectos.
En cuanto a la rendición de cuentas, será obligatorio publicar informes semestrales de gestión y de realizar una Audiencia Pública Anual en el mes de noviembre.
Reordenamiento, límites y quita de poder al Municipio
El análisis de este proyecto, cruzado con el escenario de una situación financiera apremiante y un parque de maquinaria vial en mal estado, revela que esta ordenanza es una profunda reestructuración del poder político y económico dentro del municipio.
El esquema tradicional de los municipios bonaerenses concentra la recaudación y la decisión de obras en el Departamento Ejecutivo. Este proyecto altera radicalmente ese equilibrio. Primero, toca un de las “cajas” y pone fin a la discrecionalidad financiera del Intendente ya que en contextos de crisis financiera, es habitual que los municipios utilicen el dinero de tasas de afectación específica (como la tasa vial) para cubrir gastos corrientes, como el pago de sueldos o insumos del hospital.
El proyecto arrebata esta caja política al Ejecutivo al establecer la «intangibilidad» de los fondos y desviar el 85% de la recaudación directamente a una cuenta bancaria separada («Fondo Vial Rural Municipal»).
El Intendente pierde una herramienta financiera clave de liquidez. La cuenta bancaria requerirá firma conjunta, donde el sector municipal no tiene la mayoría. Si el municipio dependía históricamente de estos fondos para equilibrar sus finanzas generales, este proyecto forzará un fuerte ajuste en otras áreas.
El balance de poder en la toma de decisiones se traslada de los funcionarios electos a los contribuyentes. La Comisión Vial estará compuesta por siete miembros con voto, de los cuales seis representan al sector privado (productores y cámaras) y solo uno representa al Departamento Ejecutivo. Esto significa que las prioridades de inversión, las contrataciones y las compras dejarán de regirse por los tiempos electorales o las afinidades políticas del gobierno de turno. El poder de veto y aprobación recae en las entidades agropecuarias y comerciales.
Frente a la realidad de un parque vial deteriorado y obsoleto, el proyecto quita al poder político la capacidad de emparchar o malvender el equipo.Se obliga normativamente a que, como mínimo, el 15% del fondo recaudado se destine de manera obligatoria a la «renovación y mantenimiento de equipos y maquinaria vial». Además, se impone la creación de un «Plan de Renovación de Maquinaria» a cinco años. El municipio ya no podrá argumentar «falta de fondos» para no arreglar las motoniveladoras, porque la plata estará bloqueada por ordenanza exclusivamente para eso. Además, se le prohíbe al Ejecutivo dar de baja cualquier maquinaria sin la intervención y dictamen previo de la Comisión Vial, limitando su control patrimonial.
La creación de la figura del Gerente Vial es quizás el mayor golpe al esquema tradicional. Tradicionalmente, los maquinistas y empleados viales responden al Secretario de Obras Públicas. El proyecto establece que el Gerente Vial tiene «potestad técnica» y que sus decisiones son «de su exclusiva incumbencia y tendrán carácter vinculante para el personal del área».
Además, se prohíbe explícitamente que las decisiones del gerente sean «revertidas por consideraciones de índole política o administrativa». Esto significa que ni el Intendente ni los concejales podrán ordenarle a una máquina que vaya a arreglar un camino por un favor o un compromiso político; la máquina irá a donde el Diagnóstico Integral (un estudio técnico) y el Gerente lo indiquen.
Dada la situación de deterioro (tanto financiero como de equipamiento del municipio), este proyecto se perfila como un «salvataje institucional» impulsado por los contribuyentes. El Municipio deja de ser el administrador absoluto del mantenimiento rural para convertirse en un mero recaudador y facilitador administrativo. El poder real —el control de la maquinaria (reducida y en mal estado), la planificación a largo plazo y la llave de la caja (el 85% de los fondos)— se transfiere a un ente privatizado, blindando el servicio vial contra los vaivenes políticos y las crisis de las arcas generales del municipio.
De ahora en más, el proyecto entra en al arena política. Habrà sugerencias, modificaciones y se verá la voluntad del Municipio de ceder una de sus necesarias cajas de las cuales hoy depende como aire para respirar.
